En sesión ordinaria no presencial, la Comisión Quinta del Senado, aprobó proyectos de ley en beneficio de los campesinos de Colombia, con el propósito de facilitar el desarrollo del sector rural.
Una de las iniciativas plantea que los estudiantes de último año de derecho deben asesorar en la legalización de predios rurales.
El senador ponente Jorge Eduardo Londoño de la Alianza Verde presentó los beneficios del primer Proyecto de Ley en discusión, 115 de Senado de 2020, “por medio del cual se expiden normas para la formalización de la propiedad de tierras rurales en Colombia y se dictan otras disposiciones”.
El congresista Londoño informó, “hoy hay cerca de 2 millones de hectáreas de tierras en espera para ser tituladas, 4 mil 300 títulos de predios al año pendiente para legalizar”.
El legislador sostuvo, “la Agencia Nacional de Tierras, le corresponde a los PEDET y tiene una baja cobertura operativa e insuficiente capacidad nacional, y la falta de personal. Los jueces son los más adecuados para tramitar la legalización de tierras”, añadió Londoño.
El senador indicó, “existe un descuido de muchos gobiernos en la legalización de tierras rurales, lo que indica que hay un rezago, y el proyecto se ocupa a resolver la informalidad de tierras en manos de las personas rurales”.
Fortalecimiento de esquemas agrícolas
Otro de los proyectos abordado en sesión virtual, fue el 036 de 2020, por medio del cual se fortalecen los esquemas de agricultura por contrato, así como la metodología de sistematización y precios de las cadenas de comercialización sobre el tema pesquero y agropecuario con la ponencia de los senadores Alejandro Corrales (Centro Democrático) y Didier Lobo.
El senador Corrales ponente del proyecto argumentó, “ los productores mercado, afectando a los campesinos, por eso, aquí se busca fortalecer los esquema de agricultura y los sistemas de información y precios y regular la constante variación en costos en la transacciones”.
Por su parte, el senadorDidier Lobo Chinchiya, agregó que “el Estado con el fin de corregir algunos procesos informativos, en los variados precios de los insumos productivos, pide beneficios a los productores, que tengan garantía de comercialización y acceso fácil al crédito”.
