La Contraloría General de la República abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de unos 1,3 millones de dólares a empresas y funcionarios de Sucre, por cobrar tratamientos siquiátricos que no se hicieron a pacientes pobres de ala región.
En estas anomalías aparecen involucrados los representantes legales de cinco Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), así como los secretarios de Salud de la época y otros funcionarios de la Gobernación, informó la Contraloría en un comunicado.
El denominado «Cartel de Enfermos Mentales» falsificaba firmas y documentos para apropiarse de los recursos destinados a la población pobre no asegurada de Sucre.
Los hechos ocurrieron durante las vigencias 2012 a 2015, dentro del denominado «Cartel de Enfermos Mentales», a través del cual se falsificaron firmas y documentos para apropiarse de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a la población pobre no asegurada, detalla la información.
Según las investigaciones de la Contraloría, a través de la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre, se autorizaron pagos durante la vigencia 2015 por «supuestos tratamientos y hospitalización de enfermos mentales, donde los pacientes no existían y los soportes que acompañaban las facturas habrían sido igualmente falsos».
El proceso de mayor cuantía corresponde a los cobros efectuados usando el nombre de un médico psiquiatra establecido en Bogotá, quien dijo a la Contraloría que su firma fue falsificada y que nunca ordenó tratamientos por los que la Secretaría de Salud Departamental de Sucre pagó más de 747.000 dólares