La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la exsecretaria de Salud de la Gobernación del Atlántico, Rocío Gamarra Peña (2008 – 2011), y el funcionario de esa misma entidad, Freddy García González, por presuntas irregularidades presentadas en la ejecución y liquidación de un contrato de prestación de servicios, suscrito el 14 de diciembre de 2011.
La contratación tenía como objetivo la realización de talleres de capacitación dirigidos a campesinos, pescadores y desplazados del departamento en temas de salud ocupacional, por un valor de 42 millones de pesos y con un plazo de ejecución de un mes.
De acuerdo con la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Regional del Atlántico, los entonces funcionarios permitieron, presuntamente, que se aprobara el pago del valor del contrato, a pesar de las inconsistencias e inexactitudes encontradas en el informe final.
En el caso de Gamarra Peña, habría autorizado el pago sin que previamente se hubiera presentado el informe de la interventoría y las actas de certificación de cumplimiento a cabalidad y de liquidación del acuerdo contractual.
Por su parte García González habría certificado que el contratista cumplió con sus obligaciones, pese a las posibles irregularidades detectadas en la ejecución, así como también habría presentado el informe de interventoría y liquidación con posterioridad al pago del contrato.
Por esos hechos el Ministerio Público calificó la presunta conducta cometida por los disciplinables como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
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