Se desarrolló el primer debate de control político de este periodo legislativo con la presencia de la ministra de Transporte, María Constanza García, quien fue citada por los congresistas de la Costa Atlántica del país.
El objetivo del debate, según los citantes, era el de resaltar la desacertada decisión de aplicar dicho cobro puesto que afectaba negativamente a las poblaciones menos favorecidas.
De acuerdo con el senador liberal, Mauricio Gómez, uno de los principales citantes, en el Atlántico se verán afectados 180.633 predios en siete municipios, por ejemplo, “en Barranquilla serán 89.168, en el municipio Galapa, 11.285; en Juan de Acosta, 7.029; en Malambo, 6.551; en Piojó, 830; en Puerto Colombia, 22.422; en Soledad, 36.618 y en Tubará, 6.743”. En lo que respecta a Bolívar, serán 68.023 predios, en Cartagena, 66.303 para un total, según el senador, de 248.653 predios afectados”.
De hecho, asegura Gómez, el cobro del gas subió un 28%, el de la luz un 45%, el de la gasolina un 68%, los peajes un 4.6%, “Entonces cómo paga la gente todo esto? El bolsillo no aguanta más, porque venimos de una reforma tributaria aprobada en primer año del gobierno Petro, venimos de una adición presupuestal aprobada el segundo año de gobierno y ahora nos anuncian una ley de financiamiento de 12 billones de pesos, eso es una tercera reforma tributaria”.
Insiste en que se cobrarán 724 mil millones que afectarán a 240 mil predios, pero que dichos recursos no se quedarán en el Atlántico y Bolívar, sino que serán dirigidos a una bolsa general para otras regiones. “Entonces nosotros ponemos la plata, pero la ministra en Consejo de Ministros con el presidente, deciden para dónde se va”, añadió.
Según sus cuentas, la vía Barranquilla-Cartagena ya cuenta con 5 peajes, 5 de los peajes más costosos de Colombia y dos de los peajes más cerca en kilómetros contados, “son el de Puerto Colombia y el peaje Papiros, van a reanudar el peaje Papiros”. Otro de los reclamos obedece a la aparente baja ejecución de los recursos puesto que “con corte al 31 de octubre, apenas se ha ejecutado el 71% de los recursos aprobados para 2023, según la Contraloría. Presidencia y Planeación y son los sectores que evidencian indicadores en ejecución más bajos”.
Más críticas
Otro de los citantes fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda quien citó el artículo 249 de la ley 1819 del 2016 que dice que la valorización se podrá cobrar antes o durante la ejecución de proyecto y que el acta de terminación de dicha vía, de la fase construida, tiene entrega de 2022. “Además, en 2023 se permite cobrar hasta 5 años después de inicio del proyecto, pero están aplicando retroactividad. Esta obra se recibió en 2022 y nos pretenden aplicar una ley de 2023, para tener un 35% construido en doble calzada.
La Financiera de Desarrollo Nacional asume que todo el proyecto se terminó de doble calzada, pero lo que está en una calzada es el 70% nada más y la pretenden cobrar en doble calzada al 100%”.
Según Cepeda, “el 80% existente fue contratado por contrato de concesión 504 de 1994 y terminó en 2019. Es decir, hace 30 años de ese contrato”.
En su opinión, dicho cobro afecta a los habitantes de la región caribe que en un 80% son de estratos 1, 2 y 3. “Es inaudito que se esté pensando en hacer cobros en avalúos comerciales y no catastrales. Esta valorización es antiética y no cumple con el principio constitucional de no retroactividad de los tributos, dado que lo establecido por la ley entra en vigencia después de la entrega de la construcción”.
Para el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, es importante que dichos recursos sean manejados por los gobiernos regionales y no el Gobierno Nacional, puesto que “esto se comienza a convertir en un método de expropiación”.
Opinión similar fue la de senadora liberal Claudia Pérez, para quien es una preocupante realidad que dicha región haya sido escogida como un piloto, “¿Por qué somos el piloto en la Costa? O comemos o pagamos la luz. No venimos a defender a los ricos, sino a la gente que nos necesita, de estratos bajos”.
Otra visión
En contraposición, la senadora Sandra Ramírez (Partido Comunes) indicó que el cobro de valorización no es nuevo en el país y, en este caso, el cobro se diferencia porque no afectará a los más pobres ni a la clase media, “beneficia a todos puesto que la resolución 2615 de 2024 es clara, introduce secciones para personas en extrema o moderada pobreza y para aquellos sin capacidad de pago”. Comenta que se realizará todo con transparencia y participación ciudadana, con comités de seguimiento comunitario, acompañados de una evaluación ambiental.
Insistió en que el dinero se destinará a “mejorar las obras más pobres de la región y la calidad de vida de sus habitantes. Un 50% de los recursos se invertirá en Atlántico con posibilidad de aumentar dicho porcentaje”. Aclaró que el proyecto busca corregir problemas históricos, pero que también es muy claro que “los gremios
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