El país registró la mayor tasa de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023. Los principales ataques fueron en Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7).
El conflicto armado, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la deforestación para la sustitución del uso de la tierra y la venta de productos maderables de alto valor, son entre muchas otras variables, las principales causas.
Frente a los recientes casos de amenazas y prácticas para silenciar a los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, la Procuraduría General de la Nación emitió una nueva circular para que las autoridades competentes implementen medidas integrales de seguridad en los territorios.
La circular 08 del ente de control, exhorta a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio Del Interior y a la Unidad Nacional de Protección; a implementar acciones concretas y contundentes para fortalecer los mecanismos de protección, así como la activación de rutas de atención integral en aras de garantizar su seguridad y la de sus familias.
El documento refiere el reciente informe presentado por Global Witness denominado “Voces silenciadas la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”, el cual ubicó a Colombia como el país en el que se encuentra la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, registrándose la mayor parte de los ataques en Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7).
El asesinato ha sido la principal práctica para silenciar a los defensores aun cuando otro tipo de represalias como los actos de violencia, la intimidación, las campañas de desprestigio y criminalización son acciones paralelas para infundir temor y favorecer las disputas por la tierra y las violaciones a los derechos humanos. Cita la mencionada circular.
Igualmente, el Ministerio Público exhortó a las autoridades destinatarias a implementar y fortalecer los mecanismos de protección existentes, fortaleciendo la coordinación interinstitucional e impartir capacitaciones a funcionarios públicos sobre los derechos de los defensores ambientales.
Finalmente, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios les notificó que, a partir de la fecha, deberán remitir mensualmente las actuaciones desplegadas en el marco de sus competencias para el cumplimiento de lo previsto en la Circular y en el ratificado Acuerdo de Escazú, atendiendo las amenazas y afectaciones a los derechos de los líderes ambientales descritos en el informe de Global Witness.
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