Este martes 6 de agosto se realizará en la plenaria del Senado un debate de control político citado por los senadores Efraín Cepeda, Presidente del Congreso, Mauricio Gómez Amín y la bancada del Atlántico, en rechazo hacia la reciente propuesta del Gobierno Nacional para la implementación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en la vía Barranquilla – Cartagena. A la sesión deberá asistir la ministra de Transporte, María Constanza García, para abordar esta medida que los congresistas barranquilleros consideran perjudicial para la región, en especial para los departamentos del Atlántico y Bolívar.
A pesar de que el Atlántico se sitúa como el sexto departamento con mayor participación en el PIB nacional, representando alrededor del 4,3%, la implementación de esta contribución pretende recaudar cerca de $724 mil millones de pesos, impactando aproximadamente entre 52 mil y 240 mil predios en un radio de 5 kilómetros de la vía al mar y la circunvalar prosperidad. Esta medida ha sido fuertemente criticada por diferentes actores de la región, incluyendo residentes, comerciantes y pequeños empresarios, quienes consideran que este plan pone en riesgo el desarrollo económico y social de la zona.
“Los temas de país nos deben unir a todos, por eso hacemos este frente común para alzar la voz por la región Caribe, que es la primera golpeada, pero lo mismo viene para muchas regiones más. Este cobro es absolutamente antitécnico y confiscatorio, que llega a sumarse a la expropiación que sufrimos mes a mes con las tarifas de energía eléctrica”, afirmó el Presidente del Senado, añadiendo que el primer tramo de esta vía se hizo hace más de 40 años por lo que está depreciado, sin embargo lo quieren cobrar como nuevo otra vez.
Por su parte el senador Gómez Amín subrayó que la vía Barranquilla – Cartagena aún no está completa, con aproximadamente 10 kilómetros pendientes de entrega y 60 kilómetros sin doble calzada. Lo más preocupante es que el 50% de los recursos recaudados, si bien el Gobierno ha propuesto transferírselos al Atlántico, el otro 50% se utilizarían para otros departamentos situados en otras regiones del país, lo cual no estamos dispuestos a aceptar esta injusticia para el Atlántico y Bolívar.
“No vamos a permitir este cobro. Colegios, hospitales, universidades, empresarios y los habitantes de la zona van a resultar afectados, pero además de todo, tenemos el cobro del peaje que se reanuda en estos días”, puntualizó Gómez.
Los senadores destacaron que la valorización anunciada se basaría en valores comerciales y no catastrales, lo cual es inaudito y podría generar un grave detrimento para la población, y hacen un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para no frenar el desarrollo económico de la región Caribe, que ha trabajado arduamente para contribuir a la economía nacional. Consideran que la medida es antitécnica y no tiene en cuenta las necesidades reales de los habitantes de los departamentos de Atlántico y Bolívar. Califican de inaceptable e inequitativa esta carga adicional sobre la economía de la región y exigen transparencia y justicia en las decisiones gubernamentales.
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