La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones del gobierno frente al proyecto de ley que reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados; pidió que los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación.
La Procuraduría solicitó a la Corte que en caso de que el “único vicio del proyecto” estuviera fundado en la escasez de recursos, evalúe la posibilidad de modular su aplicación y armonice así la progresividad con la viabilidad de las políticas legislativas objeto de juicio.
Finalmente, el ente de control ratificó que los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad.
