La Procuraduría General del a Nación solicitó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspender la ejecución del contrato 080 de 2018 con la Unión Temporal Auditores por más de $140.000 millones, y adelantar el procedimiento administrativo para que el contratista ceda o renuncie a la ejecución del mismo, en aras de evitar la violación del ordenamiento jurídico y la afectación del derecho fundamental a la salud de los colombianos.
El órgano de control advirtió que el contratista estaría inhabilitado para la ejecución del negocio jurídico que tiene por objeto “la auditoría integral en salud, jurídica y financiera a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios a cargo de UPC y a las reclamaciones por los eventos de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, toda vez que según lo informado por la misma Adres, la unión temporal ha sido multada en cuatro oportunidades y se declaró el incumplimiento parcial de la mayoría de las obligaciones.
Ante la situación expuesta, el Ministerio Público, por intermedio de la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y el Trabajo Decente, convocará mesas de trabajo en las que podrán participar la Adres, la Unión Temporal Auditores y la firma interventora del contrato.
Sobre las presuntas irregularidades, el órgano de control abrió investigación disciplinaria a las directoras de Otras Prestaciones de la ADRES, Laura Beltrán Ochoa, y de Gestión de Recursos Financieros en Salud, Marcela Brun, y a la asesora de la Dirección General (E), Carmen Rocío Rangel.
En el proceso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio que se habría causado a la administración pública.
