La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 11 meses para ejercer funciones públicos, a la entonces Directora para la Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, María Carolina Castillo Aguilar, por abuso indebido del cargo.
El ente de control confirmó que Castillo Aguilar abusó de una funcionaria de su dependencia, a quien trató con irrespeto, y de manera reiterada e injustificada le negó permisos y compensatorios para la asistencia a consultas médicas, odontológicas y para asuntos personales, además de acusarla de ocultar documentos.
De igual manera, corroboró que la disciplinada le exigió a la funcionaria afectada la realización de trabajos fuera del horario laboral, sin que existiera algún tipo de urgencia, situación discriminatoria que le generó estrés y afectó su autoestima y dignidad humana, creando la necesidad de una valoración por psicología y psiquiatría.
La Procuraduría destacó que Castillo Aguilar incumplió con el deber previsto en los numerales 2 y 6 del numeral 34 de la Ley 734 de 2002 que dice: 2 “(…) abstenerse de cualquier acto u omisión (…) que implique abuso indebido del cargo o función” y en 6 “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
El Ministerio Público en fallo de segunda instancia calificó la conducta de Castillo Aguilar como falta grave a título de dolo, por afectar el deber funcional, la armonía de la dependencia y el bienestar de los funcionarios públicos a su cargo.
