La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios a la defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karina Vélez Valverde, quien habría omitido remitir el proceso de restablecimiento de derechos de una menor de edad a un juez de familia, para que este pudiera decidir de fondo sobre su situación jurídica.
Al parecer la funcionaria permaneció con la historia de atención de la menor desde el 12 de octubre de 2018 y hasta el 16 de enero de 2020, un año y tres meses aproximadamente, plazo en el que se vencieron los términos para brindarle las medidas que requería por su caso, y por el que la Regional de Instrucción del Valle decidió llamarla a juicio disciplinario.
En el mismo sentido, la Entidad sostuvo que Vélez Valverde pudo incurrir en una falta disciplinaria al posiblemente infringir un deber legal y pasar por alto la declaratoria de situación vulnerabilidad emitida en fallo de 2011, y ordenar su traslado a una nueva defensora de familia no al juez, como lo establece la normatividad vigente.
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