El Presidente Iván Duque Márquez pidió este viernes a la Procuraduría General de la Nación enriquecer el proyecto de lucha integral contra la corrupción que cursa en el Congreso de la República, y enfatizó que a las empresas que corrompan a los funcionarios les “quedará proscrito seguir contratando con el Estado colombiano”.
La citada petición al Ministerio Público la extendió el Jefe de Estado durante el acto de posesión de la Procuradora General de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco, que tuvo lugar en la Casa de Nariño.
“Estos alcances normativos me llevan a invitarla a que nos acompañe, con el señor Contralor (General de la República), Carlos Felipe Córdoba, y con el señor Fiscal (General de la Nación), Francisco Barbosa, con el trabajo de la señora Vicepresidenta (Marta Lucía Ramírez) y la Secretaría de Transparencia, para que el proyecto de ley que hemos presentado ante el Congreso se enriquezca con sus insumos, Procuradora”, dijo el Mandatario.
En el mismo contexto, aseveró que es importante demostrar que la mesa de moralidad pública es el criterio uniforme de las instituciones para “ejercer sanciones cada vez más drásticas con aquellas empresas que propician engranajes de corrupción”.
La Procuraduría General de la Nación exhortó a las entidades que conforman el SNCRPA (Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes) a garantizar los derechos y el desarrollo en condiciones dignas de los y las adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal quienes se encuentran en los CAE (Centros de Atención Especializada) y CIP (Centros de Internamiento Preventivo).
El Ministerio Público instó al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familia) y a los 23 departamentos visitados por los funcionarios de la PGN, a realizar las adecuaciones y el mantenimiento necesario de las 58 unidades de atención analizadas entre 2018 y 2019, teniendo en cuenta que en su mayoría no reúnen los estándares nacionales e internacionales de infraestructura, que aseguren espacios físicos, pedagógicos, educativos y diferenciales adecuados para este tipo de población.
Así mismo, solicitó a los 10 departamentos que no cuentan con centros privativos (Arauca, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Sucre, Vaupés y Vichada) gestionar los recursos para la construcción de las instalaciones, con la asistencia técnica del DPN (Departamento Nacional de Planeación).
El ente de control también requirió al Ministerio de Educación Nacional, a las secretarías de educación departamentales y municipales, y al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) garantizar el financiamiento para contratar un servicio educativo pertinente y de calidad, así como capacitar de manera profesional al personal y fortalecer las oportunidades en la formación.
Además, instó al Ministerio de Salud y Protección Social, y las secretarías de salud departamentales y municipales a verificar el cumplimiento de las directrices establecidas sobre la valoración, diagnóstico y tratamiento eficaz del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental.
Por último, solicitó al ICBF implementar lineamientos para la protección de las familias de los y las adolescentes y jóvenes, donde se estipule el acceso a visitas y servicios de apoyo y asesoría en la crianza, tomando como base que buena parte de los actos de violencia se producen en un ambiente intrafamiliar.
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