La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años a la exdirectora general del Instituto Nacional para Sordos (Insor), Natalia Martínez Pardo (2019-2022), por omitir la aplicación del porcentaje de participación mínima de la mujer en la designación de los cargos correspondientes a otros niveles decisorios, durante las vigencias 2019 y 2020.
El ente de control evidenció que ninguna mujer fue nombrada en alguno de los dos cargos de subdirector general con los que contaba el Insor para el 2019, y que en el 2020 fue designada una mujer en uno de ellos, para el periodo parcial comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, y no para toda la vigencia como lo exige la ley.
A juicio del Ministerio Público, la disciplinada omitió adelantar “las acciones pertinentes para promover la igualdad de género” y enfatizó en que el interés del legislador con la Ley de Cuotas “es que la mujer supere la baja participación en los niveles de decisión del Estado, además, de erradicar las prácticas discriminatorias en estos escenarios”.
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría citó que la Constitución Política establece que la participación adecuada de la mujer se hará efectiva aplicando la regla que define que “mínimo el 30 % de los cargos de otros niveles decisorios (…) serán desempeñados por mujeres”.
La falta de Martínez Pardo fue calificada como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 manifestó que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
Comentarios recientes