La Superintendencia de Industria y Comercio, formuló pliego de cargos a 8 empresas de seguridad y vigilancia privada, por violar la libre competencia económica en al menos 26 procesos de contratación pública. La Superindustria señaló que la medida cobija a 13 altos directivos vinculados con estas entidades.
La Superindustria encontró que las 8 empresas investigadas, presuntamente habrían conformado “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG” controlado presuntamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas.
La práctica anticompetitiva que se investiga, presuntamente habría consistido en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por un valor superior a los $ 30 mil millones de pesos entre el 2012 y el 2015, cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Jorge Moreno Ojeda.
Entre las entidades públicas presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentra el Iinstituto Colombiano de Bienestar Familiar, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Transporte y Ministerio del Trabajo entre otras.
Las empresas investigadas por la Superindustria son Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Security Management Group, Sejarpi C.T.A., todas ellas presuntamente controladas ocultamente por Jorge Moreno Ojeda.
La Superintendencia de Industria y Comercio también formuló pliego de cargos contra Jorge Arturo Moreno Ojeda en su calidad de presunto controlante oculto del Grupo SMG, así como a otros altos directivos de las empresas investigadas, por haber presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica.
Esta nueva investigación con Pliego de Cargos se deriva de la presunta continuación de las prácticas anticompetitivas por parte de las empresas investigadas que fueron sancionadas por la Superindustria en abril de 2017.
La investigación contribuye al fortalecimiento de la política pública liderada por el Gobierno, encaminada a hacer respetar el modelo económico constitucional de una economía social de mercado en el que la libre competencia económica es un derecho colectivo que contribuye al buen funcionamiento de los mercados, al bienestar general de los consumidores y a la eficiencia económica.
La Superintendencia de Industria y Comercio hace un llamado a las empresas nacionales y extranjeras que han estado o están involucrados en carteles empresariales a que delaten su participación y colaboren con la autoridad de competencia, con el fin de acceder al Programa de Beneficios por Colaboración.
