El Gobierno considera que objetar la iniciativa de reducir las semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres, también garantiza los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social.
Para el gobierno, la ley que reduce el aporte en salud de los pensionados «pone en riesgo» el derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y compromete la financiación del Sistema de Salud pues «genera un impacto fiscal promedio anual de $3,7 billones, entre el 2017 y el 2022».
El Gobierno objetó un proyecto de ley que establecía la reducción de las semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres, con lo cual no solo se garantiza los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social, sino que protege su sostenibilidad financiera.
El valor presente neto del impacto ascendería a $100 billones a precios del 2017, entre el 2017 y el 2035, señaló Santos al objetar la ley.
«Se verían afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios de salud a los que actualmente tienen derecho, por cuenta de la eliminación de una importante fuente de recursos, afectando a la población más necesitada», dice el texto de las objeciones.
Para la Casa de Nariño, la ley sobre los aportes en salud también viola el principio de equidad y progresividad en materia tributaria.
«El legislador ha omitido el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al sistema pensional, lo cual constituye una violación directa(…)el proyecto tiene impacto financiero en el régimen de prima media por reducción del recaudo en cotizaciones y aumento correlativo del pasivo pensional», señala el texto de las objeciones del proyecto que reduce las semanas de cotización en las mujeres que ganaban hasta dos salarios mínimos.
De la misma forma, consideró que la iniciativa e inconstitucional, dado que establece un beneficio tributario sin el aval expreso del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno consideró que el Legislador omitió en este caso el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al régimen pensional, lo cual constituye una violación directa del mandato contenido en la Constitución.
La iniciativa tiene un impacto financiero directo en la sostenibilidad financiera del régimen de prima media, por la reducción del recaudo de las cotizaciones y el aumento relativo del pasivo pensional, por lo que era deber del Congreso prever un mecanismo de financiación de la medida adoptada.
El incumplimiento de este requisito tiene como consecuencia la inconstitucionalidad de la norma propuesta.
Igualmente, el Gobierno considera que la creación de este mecanismo rompe el diseño de reparto de cargas públicas que atraviesa el régimen de prima media e impone obligaciones excesivas en favor de los demás afiliados al sistema, sin prever medidas para moderar el impacto financiero del proyecto.