Los colombianos que habitan en zonas dispersas y de difícil acceso tengan agua apta para el consumo humano, mediante el Decreto 1688 del 2020 autoriza nuevas soluciones alternativas de abastecimiento para mejorar la calidad de vida de la población colombiana ubicada en la zona rural.
De acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en el 2019, 235.918 nuevas personas en las zonas rurales accedieron al servicio de acueducto, sin embargo, todavía hay un potencial de 1.3 millones de hogares de la zona rural que necesitan este servicio pues aún no les ha llegado por estar en zonas apartadas y dispersas, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.
El Ministro informó que para suplir las necesidades a estas familias de zonas rurales que no tienen los servicios de acueducto y alcantarillado se autorizaron soluciones alternativas individuales como: sistemas de potabilización al interior de las viviendas, la recolección de aguas lluvias y los sistemas individuales de saneamiento, entre otros.
“Es importante que estas soluciones cuenten con los requisitos técnicos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el reglamento del sector, con lo exigido para el diseño y construcción adecuada de los suministros de agua y de los sistemas sépticos”, explicó Malagón.
El jefe de la cartera de Vivienda y Agua señaló que cuando estas soluciones alternativas se empleen en viviendas rurales dispersas, aisladas de otras construcciones, obtendrán una autorización ambiental que las exceptúa de las concesiones y permisos de vertimientos, para hacer más fácil el proceso.
Hugo Bahamón, director de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda reportó que esta normatividad busca que los servicios de agua y saneamiento sean prestados de manera consecuente con las dinámicas propias de cada comunidad.
“Con este Decreto aclaramos las competencias de los municipios para los servicios de agua y saneamiento a través de esquemas diferenciales, puntualizando que estos deben ser asegurados por las alcaldías municipales. Además, el decreto permite la entrega de infraestructura construida con recursos públicos directamente a las comunidades beneficiarias mediante un convenio celebrado con los municipios”, explicó Bahamón.
El Director indicó que a partir de esta nueva medida se facilita la gestión de proyectos en zonas rurales que permiten la enajenación de los predios o constitución de servidumbres para el desarrollo de obras.
“El Gobierno Nacional establece de esta manera lineamientos para el uso de recursos del Sistema General de Participaciones que de ahora en adelante se podrán implementar para estudios y diseños en la construcción de infraestructura necesaria para poder impulsar el programa de Agua al Campo, programa que encarna esta esta política de esquemas diferenciales”, concluyó.
