A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría pidió declarar inconstitucional la ley de infraestructura que establece al Estado pagos por la terminación anticipada de proyectos.
La norma establece que en los contratos de Alianzas Público Privadas (App) anulados, “el Estado deberá reconocer al contratista todo lo ejecutado, con interés y actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluidos los convenios declarados nulos por causas relacionadas con conductas ilícitas”.
La ley había sido demandada por el excontralor, Edgardo Maya, al considerar que el Estado podría terminar pagando a Odebrecht.
En concreto, la norma establece que en los contratos de Alianzas Público Privadas (App) anulados, “el Estado deberá reconocer al contratista todo lo ejecutado, con interés y actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluidos los convenios declarados nulos por causas relacionadas con conductas ilícitas”.
La norma señala que “cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal, (…) o cuando (…) ordene su terminación originada en una causal de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista,incluyendo los intereses”.
En se sentido, la Procuraduría señala en el concepto que la norma es contraria a las características de las APP que tienen como objetivo principal proteger los recursos públicos.
“No se encuentra fundamento para que Estado asuma lo ejecutado por el inversionista sin que este cumpla a satisfacción el objeto del contrato”, señala la Procuraduría.
El Ministerio Público dice que la norma podría poner en riesgo recursos públicos más allá de los comprometidos en la App “amplía sin justificación la aplicación de ese pago de contratos de concesión de infraestructura”
El Gobierno ha dicho que la ley se firmó con el objetivo de darle tranquilidad a los bancos nacionales e internacionales de invertir en proyectos de infraestructura sin que ello les represente pérdida de recursos frente a cualquier eventualidad como el cierre o terminación anticipada del contrato.
