La emergencia carcelaria decretada por el gobierno para mejorar la seguridad en las cárceles y frenar los actos criminales cometidos al interior de las celdas ha desencadenado una reacción en la delincuencia que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) enfrenta en articulación con la Policía y las Fuerzas Militares.
Así lo aseguró el director del INPEC, el coronel de la Policía Daniel Fernando Gutiérrez Rojas explicó la situación de seguridad que se vive en los centros del país y las medidas para enfrentar de manera efectiva las amenazas y los ataques contra la guardia que ya superan los 230 casos.
El oficial explicó en el programa EntreVistas la situación de seguridad que se vive en los centros del país y las medidas para enfrentar de manera efectiva las amenazas y los ataques contra la guardia que ya superan los 230 casos.
La situación carcelaria, añadió, no solo se suscribe al hacinamiento –el cual se sitúa en el 24,5 %– ni a las condiciones de vida de los privados de la libertad. También se está avanzando en la lucha contra la corrupción, la extorsión y represalias por los operativos que han dejado como saldo dos homicidios, cinco amenazas directas y otros 10 hechos de violencia.
El coronel Gutiérrez explicó que la entidad a su cargo creo una unidad judicial articulada con la Policía para investigar la corrupción al interior de las cárceles la identificación de cerca de 27 servidores penitenciarios implicados en actos de corrupción y 125 capturas en flagrancia, además de la apertura de alrededor de 5.400 investigaciones que implican a un total de 3.800 servidores tanto directores como administrativos y custodios.
Las investigaciones también permitieron identificar cerca de 30 internos que se han convertido en factor de desestabilización en todos los centros carcelarios y penitenciarios del país, en particular a siete en igual número de establecimientos lo que ha propiciado traslados y operaciones de control y registros de celdas.
Estos resultados, que han estado enmarcados en la Operación Dominó, articulada con la fuerza Pública, que se ha enfocado en la contención y desmantelamiento de estructuras de prisioneros dedicadas a la extorsión y otras actividades ilícitas que han podido evidenciarse en las prisiones de Colombia. Y que incluye la incautación de celulares en las cárceles.
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