El Cartel de las Tutelas tenia tarifas que iban de $100 millones hasta $200 millones para favorecer a peligrosos criminales y narcotraficantes ascendían a 100 y 200 millones de pesos, reveló Luis González León, director Nacional de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana.
Los capturados hasta el momento son 26 entre quienes aparecen varios funcionarios judiciales, señalados de integrar esta red de corrupción en el sector de la justicia.
La investigación que concluyó en su primera fase, muestra en toda su plenitud la debilidad institucional existente y hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado permearla.
En desarrollo de esta investigación macro, se logró establecer que una estructura criminal ha venido ejecutando pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras, a partir del trabajo inescrupulosos de profesionales del Derecho que contactan a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde recuperan la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad.
La modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo, consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias, reveló la Fiscalia.
Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad. Allí, bajo el consentimiento del juez y en coordinación con oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida provisional consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados, a cárceles municipales, tales como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.
Cuales son los delitos que se imputarán
La gran mayoría de las personas privadas de la libertad favorecidas, según la investigación, purgan penas o medidas por delitos de alto impacto como: concierto para delinquir, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado de activos, entre otros. La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado y/o son personalidades públicas.
La concertación de todas estas personas ha llevado a la comisión ilícita de varias conductas como son: concierto para delinquir, en concurso con prevaricatos por acción-omisión, falsedad ideológica en documento público-privado, fraude procesal, fuga de presos y cohecho.
En esta operación denominada “Los Tutelantes”, las actividades adelantadas por la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali en sus diferentes áreas, permitió la consecución de material probatorio y evidencia física importante, con los que se solicitaron, en el día de ayer, 24 órdenes de captura, de las cuales hemos materializado hasta el momento 14. Entre las personas capturadas se encuentran accionantes, testigos falsos, abogados litigantes de alto prestigio, servidores públicos de alcaldías municipales (Florida y Miranda), personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec), particulares y exintegrantes de carteles de narcotráfico.
Hoy, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), se llevarán a cabo las audiencias para legalizar las capturas y formular las respectivas imputaciones.
Ya confesaron
Finalmente, cabe destacar que a la fecha, tanto el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, César Alpidio Blandón y Andrés Moncayo Jiménez, el médico de Medicina Legal, , aceptaron su responsabilidad frente a estos hechos.
Al primero, se le formuló imputación por aproximadamente 20 tutelas prevaricadoras, tramitadas sin asignación ni reparto, ordenando traslado de presos delincuentes de alto perfil a cárceles municipales de baja seguridad. El segundo, ya se encuentra condenado en otro caso por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en lo concerniente a la expedición de dictámenes periciales falsos con el fin de obtener traslados a cárceles municipales y, dentro de la presente investigación, se le imputaron hechos similares.
Las investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases cuyas conclusiones se conocerán en el curso de las próximas semanas.
“No podemos permitir que la integridad de la justicia y la eficacia de las penas, queden en entredicho por la actividad de unos pocos. A ellos les notificamos que la justicia asumió la revisión del sistema de administración de penas y destapará todas sus irregularidades a nivel nacional”, dijo el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
