El ministro del Interior, Guillermo Rivera, radicó este martes en la Secretaría General del Senado la ley que reglamenta lo aprobado en el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el proyecto más importante de esta legislatura.
El ministro del Interior, quien estuvo acompañado por los ministros de Justicia y Defensa, Enrique Gil y Luis Carlos Villegas, explicó que los principios que orientan este proyecto de Ley Estatutaria de la JEP son la competencia material territorial temporal, la definición de órganos y funciones, el derecho aplicable y el régimen sancionatorio y extradición.
Este proyecto tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El ministro Rivera afirmó que ‘antes de la radicación escuchamos observaciones de congresistas, del fiscal y a las comunidades indígenas’.
‘El acto legislativo dice que los terceros podrán acogerse a este sistema, pero en casos en que hayan participado en delitos de lesa humanidad, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros’, explicó Rivera, quien manifestó que espera que, antes de septiembre, este proyecto haya terminado su trámite y sea Ley de la República.
Sobre la responsabilidad de mando, el ministro señaló que ‘está incluida la responsabilidad de mando de agentes del Estado y se consagra la responsabilidad de mando de las FARC’.
‘Las conductas de narcotráfico podrán ser conexas con delito político siempre y cuando hayan sido relacionadas con ese delito’, añadió el jefe de la cartera política.
En términos generales, la Ley Estatutaria de la JEP pondrá en marcha lo aprobado en el acto legislativo y se aplica para guerrilleros, agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública.
Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Funcionará durante diez años, una vez las salas y secciones comiencen a operar, y se podrá prorrogar por cinco años más.
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad, alternativas (de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra) y ordinarias (de 15 a 20 años de prisión en condiciones ordinarias para quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz).
El debate se iniciaría en 15 días en comisiones primeras conjuntas.
