Por observaciones de la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Córdoba declaró desierto el proceso de licitación con el que buscaba contratar la auditoría de cuentas por prestación de servicios de salud en el departamento.
La solicitud fue realizada por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, para proteger los derechos a la salud de la población, salvaguardar los recursos públicos y evitar cualquier vulneración al ordenamiento jurídico y a los principios de la contratación estatal.
Para el Ministerio Público la licitación no describía adecuadamente la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación, requisito establecido en la normatividad para las convocatorias públicas.
La Procuraduría encontró que el análisis técnico consignado en el proceso de licitación no contenía los requerimientos específicos para el servicio que se requería y tampoco se realizó un análisis previo del sector relacionado con el objeto del contrato.
En los estudios previos el órgano de control encontró que no se identificaron los proveedores existentes en el mercado, requisito fundamental para conocer sus principales características, tamaño empresarial, ubicación y comportamiento financiero, entre otros.
Por esos hallazgos la Procuraduría consideró que la convocatoria de la Gobernación, realizada a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, no cumplía con los principios de planeación y selección objetiva que permitieran seleccionar la oferta más favorable para la entidad.
Como resultado de las observaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales suscitaron dos suspensiones del proceso contractual y en atención a que ninguno de los proponentes cumplió los requisitos establecidos, la Gobernación de Córdoba declaró desierto el proceso de licitación y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el nuevo proceso que se convoque.
