La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, denunció que se ha encontrado en algunos barrios de Medellín «cierta permisividad, cierta instrumentalización de las niñas» ante el delito de explotación sexual.
Señaló que «uno de estos casos es preocupante porque las familias no pueden estar pensando que esto es un ingreso o que esto es un trabajo; esto es un delito, y la manera como se ha naturalizado en ciertos barrios nos preocupa”.
Indicó que “las niñas sienten que el esquema de protección integral les daña esas nociones de futuro. Hemos encontrado que muchas de ellas en algunos barrios de Medellín están pensando que eso es el futuro, que la entrada de dólares americanos a sus familias es la salvación”.
Cáceres argumentó que no es bueno estigmatizar barrios o sectores de la sociedad, pero “el delito está; los ojos de las comunidades tienen que estar abiertos”, sostuvo Cáceres. Agregó que “no vamos a decir nombres de barrios, pero los procesos de investigación nos están arrojando rutas donde la información de las niñas es que es mejor estar en estas redes que estar en el estudio”.
Caso de turista norteamericano
La directora del ICBF se refirió este miércoles a la situación de las niñas presuntamente víctimas de explotación sexual en Medellín, por parte del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, una de las cuales se habría fugado del centro de protección en el que se encontraba.
La directora del ICBF anunció hoy que, además de la campaña contra la explotación sexual que se inició en el aeropuerto de Medellín, José María Córdova, y el encuentro con el equipo de investigadores norteamericanos que siguen el caso de Livingston, se va a trabajar con los colegios de los sectores para la prevención de este tipo de delitos.
Frente a una de las dos niñas que se evadió y cuyo paradero sigue aun siendo desconocido, la funcionaria explicó que se está adelantado el proceso de búsqueda, con todas las entidades.
Maltrato infantil
Otra situación alertada por la ciudadanía esta semana fue el caso de presunto maltrato al interior de un jardín infantil en la zona nororiental de Medellín, el cual se financia con recursos de la administración local.
“El ICBF tiene una herramienta que ha usado con otras entidades, incluso con el sector privado, que es el aseguramiento a la calidad. Ese equipo lo constituimos, lo hemos utilizado y vamos a mirar en el caso de Medellín para que vengan a hablar y revisen las interacciones con los niños”, agregó.
La funcionaria también recordó que el bienestar no solamente está en las paredes o en la alimentación, sino en la interacción que tengan las maestras con los niños y niñas. Según ella, 70 % del cuidado está en esa interacción del cuidador con los pequeños.
Vigilancia ciudadana
Durante un encuentro realizado en Medellín con entidades del orden nacional y territorial el martes, la subdirectora general del ICBF, Adriana Velázquez, insistió en la necesidad de generar acciones de prevención y denunciar en la línea 141 cualquier gesto, hecho o situación que genere sospecha de una posible vulneración de derechos a la niñez y la adolescencia.
Frente a la situación de violencia sexual que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país, la subdirectora del ICBF reiteró que es crucial dar la misma importancia a cada uno de los 331 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes registrados entre 2023 y lo que va de 2024 para responder como sociedad a esta forma de violencia.
El llamado general del ICBF es a consolidar como sociedad estrategias y acciones intersectoriales e interinstitucionales que permitan, no solamente avanzar en favor de la prevención d
