La Contraloría General de la República, la fuga de dos presos de la cárcel de máxima de seguridad de La Picota, y uno en la ciudad de Medellín, pone de nuevo en evidencia las fallas que el organismo de control detectó en sus auditorías al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El organismo señaló que «parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo».
En Medellín el recluso fugado dejó una carta donde explica lo sucedido y hasta se despide de la guardia carcelaria.
En las auditorías adelantadas al Inpec se ha abordado la temática de administración de personal y uno de los hallazgos preocupantes es la elevada cantidad de permisos sindicales que se conceden al personal de custodia y vigilancia, que afectan la seguridad carcelaria.
Indicó que la limitación de personal continúa afectando derechos de los internos, debido a la imposibilidad de cumplir remisiones médicas o judiciales, contrariando de esta forma estándares mínimos esbozados por la Corte Constitucional en sus fallos de Tutela.
«Inicialmente la auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el Inpec en 2015 totalizaron hasta 39 mil días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85% de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia», indicó la Contraloría.
Permisos
Sin embargo, uno de los puntos preocupantes de la auditoría fue descubrir que los permisos sindicales autorizados se incrementaron a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88 años).
«Esto demuestra la persistencia de la situación detectada en la vigencia 2015. En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos», señaló el organismo de control.
Según la auditoría, «los permisos beneficiaron a personal vinculado a los actuales 78 sindicatos de la entidad, los cuales se encuentran constituidos en su mayoría (85%) por personal del cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría General de la República».
