El presidente Gustavo Petro Urrego anunció hoy que el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, propondrá a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ampliar el plazo para el pago de la deuda con este organismo, incluido el préstamo a tres años que el país contrajo para atender en su momento la emergencia por el covid-19.
Desde Caucasia, Antioquia, donde lideró una jornada de formalización de pequeños y medianos mineros, el mandatario precisó que el objetivo es “cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar, y nosotros pagamos, pero en el largo plazo”.
Señaló que se trata de “abrir un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano”.
“El ministro de Hacienda va a viajar ahora, que hay una reunión de todos los ministros de Hacienda, en Estados Unidos, en Washington, y debe llevar este mensaje del presidente de Colombia”, dijo.
Recalcó que el mensaje a la directora del FMI es cómo las dos partes vuelven mejor el perfil de la deuda de Colombia, “porque nos están ahogando y ahorcando” entre las EPS y la política del Congreso.
Afirmó que la política del Congreso cree que el presupuesto se puede estirar para “entregarles el dinero público a los ricos, y no puede ser”.
Al referirse a la situación de racionamiento que enfrenta Bogotá, reveló que garantizar agua potable con acueductos para las comunidades vulnerables del país y construir las plantas de tratamiento de aguas residuales, conocidas como PTAR, incluida la de la capital del país, cuesta 100 billones de pesos.
Al respecto reiteró la estrategia del Gobierno del Cambio para abrir espacio en los recursos de vigencias futuras a estos proyectos.
“Los 100 billones que cuesta el agua, que la gente tenga agua y que esa agua se devuelva limpia a la naturaleza y que estas sequías, entonces, no nos traten de esta manera, tienen que ponerse en un mecanismo que se llama vigencia futura”, explicó.
Recalcó que “es el mensaje que he dado a mi gobierno: dar la manera para que las inversiones públicas de aquí a 30 años que están comprometidas con carreteras concesionadas, que son negocios de la banca, que se pagan a partir del peaje y a partir de lo que entrega el Estado, cedan espacio para que la prioridad de la inversión en Colombia, en los próximos 30 años, dada la crisis climática, que va a ser peor, ceda esa prioridad a las inversiones en agua y la limpieza del agua en Colombia”.
“Esa es una decisión a nivel nacional que quiero que, ojalá, podamos entenderla. Nosotros no vamos a vivir en una carretera de doble calzada si no hay agua. Así de simple. Es necesaria, sin duda, como muchas otras cosas. Pero si no hay agua, no vamos a vivir”, concluyó el Presidente de la República.
