La Política Nacional de Drogas del Gobierno del Cambio está trazada con una proyección a diez años (2023-2033) y contó con la participación, por primera vez en la historia del país, de las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas.
La nueva política antidrogas para transformar el paradigma hacia la protección de la vida y el medio ambiente.
Objetivos
La reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026, lo que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.
Colombia busca cambiar hacia un paradigma centrado en la vida y el medio ambiente, priorizando la salud y el bienestar, sin descuidar la lucha contra el crimen.
Garantizar que los esfuerzos y los recursos del Estado y la cooperación internacional sean asignados de manera estratégica, eficaz y proporcional, atendiendo no solo las manifestaciones del narcotráfico, sino además sus causas estructurales.
Mitigar y corregir los impactos ambientales derivados de la economía de las drogas ilícitas y de las estrategias para enfrentar el narcotráfico.
Prevenir nuevas afectaciones ambientales por la economía ilegal de las drogas.
Promover la participación de las comunidades en los procesos de conservación, restauración y gestión ambiental.
Atención a la población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas.
Prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías ilícitas relacionadas con drogas o evitar su reincidencia en caso de desvinculación.
Promover la salud integral e integrada y prevenir el consumo de sustancias Psicoactivas (SPA).
Garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas.
Promover estrategias de reducción de los riesgos, daños y estigmas asociados al uso de sustancias psicoactivas.
Impulsar la inclusión, protección social y cuidado de las personas que usan drogas con enfoque territorial y comunitario.
Promover una comprensión informada sobre el fenómeno de las drogas.
Implementación
El Ministerio de Justicia y del Derecho dispondrá de las medidas necesarias para el respeto de la garantía de los derechos fundamentales establecidos en la normativa y jurisprudencia en materia de consulta previa.
Este proceso se desarrollará de conformidad con lo que se acuerde con las comunidades étnicas y la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa.
Las entidades públicas del nivel nacional, en concurrencia con las entidades territoriales establecerán proyectos estratégicos a nivel territorial, de regulación y actualización normativa, y realizarán la planeación técnica, administrativa y financiera que se requiera.
En concordancia con lo establecido en el punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final de Paz, se reconocen las circunstancias de vulnerabilidad de las personas que han subsistido de los cultivos de uso ilícito y su baja influencia en el narcotráfico.
Se promoverá un tratamiento diferenciado que sea transitorio y condicionado en la vinculación a procesos de tránsito a economías lícitas.
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