El Gobierno a través del Ministerio de Transporte viene ultimando detalles para poner en funcionamiento a inicios del 2018 el cobro unificado del peaje electrónico en el territorio nacional.
Los pagos por cada paso irían a un sistema de recaudo unificado, en el cual habría una plataforma y funcionaría como actualmente lo hacen los operadores celulares, es decir, se podrán cancelar en prepago, pospago, por débito automático. Lo anterior significa que los TAG estarán vinculados a las cuentas de ahorro, corriente o tarjetas de crédito de los dueños de los vehículos portadores.
Las estaciones operen en el país tendrían este mecanismo de recaudo unificado y su entrada en funcionamiento sería a principios de año pero en el primer semestre se masificaría.
Hasta ahora, entre 50 y 80 peajes electrónicos interconectados —es decir, entre el 30% y 50% del total que habrá en unos años— entrarían en operación en el primer semestre del próximo año y, a partir de entonces, seguiría aumentando la cifra de puntos operados bajo este esquema en el país.
El Ministerio de Transporte, a través de un borrador de resolución, destaca que todos los sistemas de recaudo electrónico se ‘comuniquen’ entre sí, de modo que los dispositivos electrónicos, que van en el parabrisas del vehículo (conocidos como TAG, sirvan para cualquier carretera del territorio nacional.
Esto incluye los corredores viales que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Vías (Invías), pero también las concesiones de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ya sea que estén a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o de los concesionarios privados.
La mayoría de los concesionarios 4G tienen implementadas entre una y tres casetas en los peajes que están a su cargo, pero ahora se busca que los 180 que tendrá el país en un futuro (cuanto estén listas estas carreteras) puedan operar entre sí, pues hoy en día existen distintos operadores que no están unificados.
El Mintransporte ya ha recibido numerosas propuestas para ejercer esta función, entre las cuales se encuentran entidades financieras (bancos) y empresas de telecomunicaciones, pero también algunas empresas de otros sectores, que deberán habilitarse ante esta cartera para hacer de puente entre el operador y el usuario.