Por presuntas irregularidades en los contratos para los programas de sistemas y de gestión documental para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el entonces gerente del Fondo Colombia en Paz, Juan José Duque Liscano.
Se trata del contrato celebrado con Servisoft S.A., por más de $ 5.300 millones para la gestión documental (incluyendo servicios conexos) y del bilateral suscrito con Softplan Sistemas de Colombia para el diseño, implementación, licenciamiento y soporte técnico del sistema de gestión judicial para la JEP por un valor que supera los $ 9.000 millones.
Al parecer, las propuestas presentadas por estas empresas no abarcaban la totalidad de los requisitos exigidos, presentaron deficiencias e inexactitudes que no podían ser aclaradas y que impedían compararlas y las cuales constituían causal de rechazo.
El Ministerio Público señalo que, a pesar de las falencias presentadas, el investigado habría aceptado las ofertas y celebró los contratos,“comprometiendo a la entidad con unas propuestas que no aportaban la credibilidad debida para la ejecución de la necesidad contratada”.
Para la Procuraduría, Duque Liscano, como apoderado general del patrimonio autónomodel Fondo Colombia en Paz tenía la obligación de verificar y asegurar que se cumplieran las condiciones de las convocatorias.
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