La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra 12 miembros de la junta directiva, gerentes y representantes legales de Bioenergy (2012-2017), filial de Ecopetrol, por presuntos hechos irregulares durante la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en Puerto López (Meta), que supuestamente podrían haber generado un detrimento patrimonial cercano a $41.125’117.008.
La medida cobija a los entonces miembros de la Junta Directiva Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Múnera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo; y a los exgerentes generales y exrepresentantes legales Aleck Santamaría De La Cruz, Rafael José Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada.
El ente de control cuestionó a los investigados la presunta omisión de solicitar la terminación o suspensión del contrato de suministro suscrito con Riopaila Castilla, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción, ocasionando con ello el pago de las indemnizaciones por la reprogramación en la producción de caña de azúcar.
La Procuraduría también reprochó un posible detrimento patrimonial por valor de $2.235’600.000, en el caso de Aleck Santamaría De La Cruz, y de $611’000.000, por parte de Rafael José Pitalagua Guerra, generado, al parecer, por pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy, ni habían sido arrendados a Riopaila Castilla.
En el caso de Santamaría De La Cruz y Rosa Catalina Santos Prada, la PGN reprochó un posible detrimento patrimonial por $2.393’632.916, que podría haber sido ocasionado por presuntamente celebrar y solicitar aprobación ante la junta directiva de dos contratos suscritos con la empresa Tipiel, para la corrección de diseños, complementación de la ingeniería y apoyo técnico en campo, pese a que esta misma firma había certificado el cumplimiento de la ingeniería de detalle de la obra.
El Ministerio Público también pidió explicación sobre posibles inconsistencias, por presuntamente haber autorizado un aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, acordado por Santamaría De La Cruz, a pesar de existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de 4 millardos (miles de millones).
A este último, también se le cuestionaron presuntas irregularidades en el proceso de selección para contratar la obra civil, construcción y montaje electromecánico, instrumentación y prealistamiento de la planta, en el segundo semestre de 2014, en donde finalmente fue escogido el Consorcio Menegua.
Las presuntas faltas de los investigados fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento.
Los investigados podrían haber desconocido el Manual de Contratación de Bioenergy, que indicaba que debía propender por el buen funcionamiento de la empresa, los procesos contractuales, el presupuesto y la obtención de utilidades, entre otros.
