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ANI afronta problemas en vías 4G en departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico

Los proyectos viales de Cuarta Generación tuvieron un primer tropiezo, luego de la disputa abierta de la constructora española Sacyr, la cual decidió no continuar la construcción de la obra adjudicada a su concesión.

El proyecto corresponde a la  vía que conduce desde Puerta de Hierro a Palmar de Varela y desde Carreto a Cruz del Viso, cruzando los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una extensión de 202 kilómetros.

La decisión de no continuar con la construcción, según ha revelado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se da porque el concesionario dijo haber encontrado material que no aparecía en los prepliegos y que encarecería la obra.

El contrato firmado legalmente con la concesionaria Vial Montes de María S.A.S. está en etapa de preconstrucción, con un atraso de 9 meses con relación al inicialmente previsto para el inicio de esta obra.

Según el diario El Confidencial, Sacy aseguró que “el contrato licitado es de imposible realización por causas técnicas. La compañía sostiene que tras la consecución del contrato, surgieron imprevistos que no estaban en los pliegos, por lo que no se puede llevar a cabo la infraestructura”.

Como consecuencia de la negativa de la Concesionaria Vial Montes de María de no continuar las obras, la ANI decretó el incumplimiento del contrato, por un valor de $474.267 millones, al considerar que este sigue vigente.

De acuerdo con la decisión de la Agencia, hubo incumplimientos en cinco de los puntos del acuerdo, por lo cual se impuso a la compañía Sacyr una multa de $11.000 millones.

La respuesta

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La Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. no se quedó quieta y en su momento solicitó la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad (ERR) relacionado con el estado de la estructura de la vía. Sin embargo, el pasado 4 de mayo la controversia jurídica, que fue atendida por la figura del ‘amigable componedor’, le dio la razón al Estado Colombiano. .

Posteriormente la firma Concesionaria formuló una demanda ante el Tribunal de Arbitramento, en la que busca la declaratoria de nulidad de la decisión del amigable componedor.

Ahora el Gobierno espera que los contratistas de las concesiones cumplan con lo que se comprometieron contractualmente con la ANI y el Estado colombiano.

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