La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta (Magdalena), Virna Liz Johnson y su entonces secretario de Gobierno (e), Bayron Arrieta Jiménez, por posibles irregularidades en un contrato de más de $ 970 millones para la implementación de un programa que garantice la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
El ente de control señala que se cuestiona la escogencia de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, tomando en cuenta el objeto del contrato.
Al parecer, la administración distrital celebró un convenio de asociación en el que no se habría evidenciado que, la mayor parte del presupuesto estaba destinado a la adquisición de elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos conforme a una solicitud de la Registraduría.
En ese sentido, la Procuraduría advirtió que, en los documentos aportados hasta ahora, no se soporta que la escogencia de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, haya sido la manera adecuada de satisfacer la necesidad de la entidad.
Tampoco se evidencia la existencia de un estudio del mercado y del sector adecuado que conlleve a que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad.
Se investiga además una presunta adición al convenio de un poco menos del 50 %, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, y cambios de condiciones técnicas como alquileres de salones, sin justificación alguna y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos.
El ente disciplinario solicitó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta documentación relacionada con este convenio de asociación suscrito con la asociación de Gente Joven A.G.J.
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