Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hemer Redondo, en su condición de gerentes generales de la Triple A, deberán comparecer a audiencia pública dentro del proceso verbal que adelanta por hechos relacionados con la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (INASSA) y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P..
Los actos de corrupción relacionados, se hicieron mediante la simulación de órdenes de servicio para beneficiar a terceros, por cerca de $27 mil millones de pesos, además de la administración y manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de$70.000 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación estableció que la Triple A desde el año 2000 venía pagando a INASSA una remuneración derivada del citado contrato, que mensualmente era en promedio de $1.600 millones, lo que anualmente representaba una remuneración aproximada de $19.600 millones de pesos, lo que significa que durante la vigencia del contrato ese pago superó los $237.000 millones, equivalentes a acerca de $80 millones de dólares.
Por su parte, la Fiscalia General de la Nación señaló dentro de la investigación, que está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A S.A., en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado $237.836.823.242 (doscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y seis millones ochocientos veintitrés mil doscientos cuarenta y dos pesos). Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II – y Slasa.
Las 11 personas vinculadas deberán presentarse desde el 4 de abril de 2018, ante una fiscal anticorrupción en Bogotá, y responderán mediante indagatoria, en principio, por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Igualmente se señala que el proceso de capitalización y descapitalización de la Triple A, que condujo a la reducción del capital público del 85% al 14.5%, en relación con el cual la Procuraduría interviene en una acción popular, instaurada para defender el patrimonio público.
La audiencia, cuya fecha no se ha determinado, es debido a la falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, la cual fue calificada como gravísima a título de dolo para los Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, y de culpa gravísima para Ramón Heráclito Hemer Redondo.
El ente de control trasladó copias de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice las acciones procedentes en defensa de la legalidad, del patrimonio público y de la moralidad administrativa.
El Ministerio Público adelanta otras líneas de investigación en relación con la Triple A:
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