La Fiscalia General de la Nación detecto, mediante investigación fraudes y alteraciones en registros sanitarios falsos, que según las evidencias, los funcionarios del Invima habrían recibido dinero para obtener registros sanitarios es decir, sin que el Invima los haya revisado cumpliendo la labor de control para preservar la salud de los colombianos.
Funcionarios del Invima, intermediarios y representantes de laboratorios farmacéuticos, señalados de diseñar un esquema criminal que, a cambio de sobornos, agilizaba permisos y otros trámites que permitían vender productos sin revisión científica previa sobre sus efectos en la salud de los consumidores.
Los medicamentos de los que hay constancia de su autorización y registros fraudulentos son: Icncla (antibiótico). Bactiflox (antibiótico). Duoartril tabletas (antihipertensivo). Helmintaz tabletas (antiparasitario). Nimeflex (antinflamatorio). Renilax tabletas, (desloratadina) y Bactrogyn óvulos.
De otra parte, hay evidencias sobre la obtención ilegal de registros de los siguientes suplementos dietarios y productos de belleza como Abexine, gel utilizado para tratar las dolencias ocasionadas por enfermedades como artritis y osteoartrosis. Fattache, fibra para la supuesta pérdida de peso y Canna Pain crema y parches.
La Fiscalía detectó que fue montado un Invima ‘paralelo’ con el fin de hacer auditorias ‘previas’ no formales, que garantizaban pasar las inspecciones y revisiones oficiales que realizaba el instituto.
Algunas de las diligencias realizadas en Bogotá, permitieron la captura de una supuesta tramitadora y de la empresaria de productos de belleza, Stella Durán, a quienes se les formulará cargos por Cohecho por dar un ofrecer, Concierto para delinquir,Falsedad ideológica en calidad de determinadores y Enriquecimiento ilícito de particulares.
La investigación señala alteración en sistemas de información, con lo cual en el mercado hay productos que carecen de control estatal. Falsificación de estudios de estabilidad. Implica que hay medicamentos que no tienen control del Estado, pese a lo cual los consumidores tienen la confianza de que estos medicamentos pasaron las verificaciones legales.
La red fijó los precios, con Trámites de renovación de registro sanitario de un producto, por valor promedio de setecientos cincuenta mil pesos ($750.000).
Venta de estudios de estabilidad de productos aprobados por el Invima (que certifican la duración del principio activo del medicamento), para dar soporte a productos nuevos cuyo registro era solicitado por los laboratorios intervenidos, por un valor promedio de dos millones de pesos ($2’000.000).
Reducción del valor de las multas derivadas de procesos sancionatorios, en el cual cobraban una comisión dependiendo del valor de la reducción.
Servicios de preauditorías para garantizar las certificaciones de los laboratorios cuando se recibieran visitas oficiales del Invima, por un valor promedio de catorce millones de pesos ($14’000.000), advirtiendo que la tarifa no ‘incluye’ tiquetes o viáticos.
(Foto tomada de Web)
