La Procuraduría General de la Nación le pidió al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, suspender el proceso de liquidación de 37 contratos y dos adiciones firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria originada por el covid-19, hasta contar con las evidencias sobre la correcta ejecución de los $14.065.598.408 invertidos.
El Ministerio Público advirtió sobre presuntas irregularidades al visitar sedes de cuatro fundaciones que distribuyeron kits de mercados.
El seguimiento a la contratación de la gobernación de Cesar hace parte de los procesos priorizados por el programa ’Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
Investigadores de las tres entidades recogerán pruebas para el proceso disciplinario y evaluar acciones en lo fiscal y lo penal.
La Procuraduría instó al mandatario regional a pedirle a los contratistas los soportes sobre la inversión de los más de $14.000 millones de pesos, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte. Sin la entrega de toda la información el ente territorial no podría liquidar los contratos y expedir los paz y salvo a los contratistas.
“Es importante que los contratistas y proveedores rindan cuentas, y que estas sean claras y estén debidamente soportadas para claridad de la ciudadanía respecto de la gestión de las autoridades y de sus colaboradores”, agregó.
La Procuraduría recordó que aunque la Ley 80 de 1993 faculta a los entes públicos a aplicar un régimen excepcional de contratación durante los estados de emergencia económica, social y ecológica, previa declaración de la respectiva urgencia manifiesta, las administraciones “no quedan relevadas de los deberes contractuales de vigilar la correcta ejecución del contrato, verificar que los bienes y servicios contratados respondan a la calidad, especificaciones y cantidades contratadas, así como proteger los intereses de la entidad pública y de los ciudadanos en todo momento”.
Finalmente, demandó del gobernador, que en caso de que se evidencien incumplimientos o una indebida inversión de los recursos públicos, adelante de manera inmediata los trámites sancionatorios y haga efectivas las garantías legales y contractuales en cada caso.
El seguimiento a la contratación de la gobernación de Cesar hace parte de los procesos priorizados por el programa ’Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Investigadores de las tres entidades recogerán pruebas para el proceso disciplinario y evaluar acciones en lo fiscal y lo penal.
