«La posibilidad de que se contemple las privatizaciones de las cárceles es una buena salida para acabar con el hacinamiento y así se alcanzaría la resocialización del recluso», dijo en el Congreso de la República, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
El presidente de la Federación de Municipios, se mostró de acuerdo con la medida debido a que la mayoría de los centros de reclusión en los municipios están en hacinamiento.
Según cifras del Inpec el hacinamiento carcelario a mayo de 2018 bajó un poco al 47,8%. El hacinamiento carcelario durante estos últimos años ha tenido una evolución irregular. El organismo destaca que se requieren otros 12.848 guardias, para ejercer una labor de control adecuada en el sistema carcelario.
Los estudios técnicos destacan un incremento de planta en 3.000 que es una ayuda, pero no es solución entregar las cárceles a particulares para que cumplan una función que le corresponde al Estado a un costo más alto.
El organismo que controla las cárceles en el país, advirtió que rechaza cualquier postura de privatización en el sistema penitenciario.Aunque el Gobierno anunció la semana pasada que podría haber vigilancia privada en las cárceles.
El modelo de privatización de la guardia en Latinoamérica fracasó, las cárceles privadas en el mundo, ese sistema ya fracasó porque se ve al interno como mercancía. En Estados Unid y otro ejemplo como en Chile donde el sistema privado fracasó.
De acuerdo al Inpec, la solución es que incrementen el pie de fuerza de la guardia penitenciaria y carcelaria, y nosotros con un pie de fuerza como debe ser con los estándares internacionales, con cárceles como debe ser, somos capaces de controlar el sistema penitenciario.
Los estudios técnicos dicen que se requiere el doble del pie de fuerza. Hay patios en donde uno, dos o tres guardianes custodian 500 internos. Quién puede controlar 500, 600, 800 internos, pero si nos entregan las unidades que corresponden podemos cumplir nuestro objetivo misional de una forma más eficiente, señala Horacio Bustamante del Inpec.
12.848 miembros de la guardia para una población de 170.000 presos, 120.000 intramurales y 50.000 extramurales. Pero los extramurales también requieren de vigilancias periódicas como lo indica la norma. En ese sistema se debe reforzar el pie de fuerza.
Todo lo que se le ha privatizado al Inpec ha fracasado. La salud se la quitaron al Inpec y se la entregaron a particulares, eso fracasó; la alimentación es un fracaso; las manillas electrónicas eso fracasó y eso lo manejan privados, advirtió Bustamante.
La política de privatización de las prisiones que comenzó hace 30 años en Estados Unidos se ha expandido a varios países de América Latina como Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil y Chile y a otras regiones del mundo como Sudáfrica.
Aunque la contratación de entidades privadas para la prestación de algunos servicios en las cárceles es común, el modelo de privatización basado en la contratación de entidades privadas para que provean servicios centrales de la detención carcelaria como el diseño, construcción y administración y seguridad tiene mayores implicaciones ético-jurídicas, sociales y económicos.
