El Procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, pidió que el Plan Ágora, diseñado para proteger las elecciones del 27 de octubre, incluya medidas especiales para garantizar la vida de los líderes sociales, “que sin ganar un peso trabajan por sus comunidades”.
“Una alerta fundamental que quiere dejar la Procuraduría a la ministra del Interior es que en el ejercicio del Plan Ágora, puesto en funcionamiento por el gobierno nacional para asegurar las elecciones del 27 de octubre, se abra un capítulo especial a la protección de los líderes sociales. Estamos en una época de principal alerta. Los líderes y las lideresas en Colombia ejercen, por supuesto un liderazgo político, y el riesgo se acrecienta en esta época electoral”.
Planteó la necesidad de establecer un plan específico de atención para los líderes, quienes además de representar las comunidades, el agua, las tierras, ahora también están haciendo política; lo que obliga a realizar un censo que permita definir unas medidas de protección específicas.
Cortés González condenó el atentado contra el líder social de Buenaventura, Carlos Tobar Mosquera, víctima “de las fuerzas oscuras que están tratando de robarnos el país y no lo vamos a permitir”.
Señaló que casos como el crimen de la líder María del Pilar Hurtado, por inacción u omisión de las autoridades locales, que llevaron a la suspensión del alcalde de Tierralta,Córdoba, no se pueden repetir. Reveló que por hechos similares el ente de control adelanta 35 expedientes disciplinarios.
Aclaró que la tarea de protección de líderes y lideresas no es exclusiva del gobierno, a través de la Unidad Nacional de Protección, sino que también compromete la responsabilidad de gobernadores y alcaldes, en especial en las zonas del país donde están identificadas las amenazas contra los líderes y de han hecho las alertas tempranas.
“Vamos a exigir desde la Procuraduría General que haya un componente específico, concreto, puntual sobre la protección que merecen los líderes en nuestro país”
Destacó la fortaleza e importancia del sistema de alertas tempranas, en el que con la Defensoría del Pueblo a la cabeza, el Ministerio Público trabaja en la definición de indicadores que permitan actuar disciplinaria y administrativamente en forma ágil frente a más de las 900 amenazas contra líderes y lideresas.
Precisó que el avance de la política pública de protección debe tener el reconocimiento a los líderes sociales, que incluyan un sistema de protección social especial a las familias de quienes han sido atacados y a quienes resulten afectados por los atentados.
Finalmente invitó a acompañar el próximo 1 de agosto en Montería el lanzamiento de la campaña “Lidera La Vida”, de la que hacen parte la Procuraduría, la Defensoría, organizaciones sociales, no gubernamentales, cooperación internacional y medios de comunicación.
“Para que en Colombia entendamos y nos apropiemos el valor de las víctimas, de la vida de nuestros líderes. Ellos son la semilla, la cimiente de nuestra democracia y el valor de nuestra sociedad se refleja en aquellos que sin ganar un peso, enfrentándose al odio, al riesgo, a la inseguridad, son capaces de quejarse por un contrato mal ejecutado, son capaces de ir a un juzgado a interponer una acción popular para defender en contra del despojo del pobre. Ellos hacen democracia, ellos hacen Colombia y por eso nuestra reacción, la de todo el Estado tiene que ser inequívoca y contundente”, puntualizó.
