El Senado de la República realizó un foro para escuchar invitados y representantes del Gobierno Nacional, así como de diferentes sectores de pensiones, seguridad, trabajo y academia, quienes manifestaron sus apreciaciones, críticas y sugerencias al Proyecto de Ley 338/2020 que establece un régimen de pensión a la vejez, por exposición a alto riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003 para trabajadoras y trabajadores operativos en la Unidad Nacional de Protección y se dictan otras disposiciones.
El foro, comenzó con la presentación del proyecto de ley por parte de su ponente, la senadora Victoria Sandino (Partido Comunes), quien resaltó la “importancia de hablar sobre el alto riesgo de salud que viven miles de hombres y mujeres que ejercen labores de protección para la Unidad de Protección, bien sea como empleados de planta o personal tercerizado a través de empresas privadas” y añadió que son personas que cuidan a los senadores también “con ellos pasamos más tiempo que incluso con nuestras familias debido a su trabajo y a las labores que nosotros realizamos”
Vale la pena destacar, que este proyecto en palabras de la senadora Sandino “busca reconocer la exposición de alto riesgo que supone el ejercicio de las labores de protección y evaluación de riesgo, por parte de este personal operativo y lo que esta circunstancia repercute en la disminución de su expectativa de vida saludable tanto física como emocional”.
Diego Urrego, representante de Colpensiones da un concepto desfavorable a la iniciativa por considerar que “no existe evidencia estudios técnicos de que el desarrollo de los cargos de conductor mecánico, agente escolta, agente de protección, disminuyan la expectativa de vida saludable; además los trabajadores de la UNP no están en el mismo plano de igual que los servidores del CTI de la Fiscalía que ejercen funciones de policía judicial o los ex trabajadores de extinto DAS”.
Voces del Gobierno
Alfonso Campo, representante del Ministerio del Interior resalta la importancia de la iniciativa por parte de los congresistas, con la que está de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los hombres de la Unidad de Protección, sin embargo considera que se deben buscar puntos de encuentro sobre “cómo conseguiríamos los recursos para brindar estas garantías que hoy estamos manifestando, cómo se solventaría la carga prestacional por parte de los operadores privados y cómo se va a garantizar en el tiempo”.
Por su parte, el representante del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Hernández, mencionó que se requiere “un estudio técnico que establezca que en virtud de esa actividad o esa exposición de alto riesgo, el trabajador va a tener una reducción en su expectativa de vida saludable en la vejez; un concepto favorable por parte del Ministerio de Hacienda; y concepto por parte de las administradoras de pensiones, si efectivamente pueden otorgar esas mesadas pensionales de manera anticipada”.
Otra representante del Gobierno fue María Virginia Jordán, del Ministerio de Hacienda, quien dio a conocer las consideraciones constitucionales sobre el proyecto de ley por parte de la cartera como que “vulnera el principio de igualdad porque beneficia a un grupo de trabajadores de la Unidad de Protección y excluye de manera injustificada a trabajadores de la misma entidad, que no cotizaron bajo las condiciones del Decreto 1835 de 1994 o por los funcionarios que no fueron vinculados a la unidad de protección que desarrollaba labores de seguridad o aquellas personas que desarrollan actividades de protección en otras entidades, pero en están vinculados en la Unidad Nacional de Protección”.
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