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Líderes de Juntas de Acción Comunal tendrán seguimiento a medidas de protección

 

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió constituir una mesa de seguimiento a las medidas de protección de líderes sociales y comunales, que esté compuesta por representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), el Ministerio Público y demás organismos estatales comprometidos con esta función.

 “Hay en curso procesos disciplinarios contra alcaldes y gobernadores, cuyos resultados van a ser, próximamente, de conocimiento público”.

En la instalación de la Mesa por la Vida, el jefe del Ministerio Público anunció que el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Medina, coordinará este espacio en el que se discutirán los componentes de prevención, protección e investigación con las instituciones directamente responsables y los representantes de las JAC.

«Lo que necesitamos es ayuda dentro de las investigaciones, como dicen los criminólogos, los crímenes perfectos no existen, lo que existen son investigaciones imperfectas”.

“El resultado de esta Mesa por la Vida será un plan de acción concreto. La protección de la vida de los líderes sociales no necesita más retórica, se requieren acciones y compromiso para superar esta crisis”.

Carrillo Flórez advirtió que hay procesos disciplinarios en curso contra alcaldes y gobernadores por omisiones frente a la estigmatización a los líderes y defensores de derechos humanos, próximamente el país conocerá las primeras decisiones.

“Lo único que no es admisible acá es la persistencia de las omisiones de los funcionarios públicos o la estigmatización de los líderes sociales por cuenta de quienes tienen la camiseta del Estado. Eso es absolutamente inaceptable e imperdonable”.

En desarrollo de la Mesa por la Vida, la Procuraduría General firmó una carta de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de trabajar de manera articulada e intercambiar información relevante en esta materia y fortalecer el ejercicio de la función disciplinaria en los territorios.

 

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