Por iniciativa del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se lanzó una alianza para que mujeres privadas de la libertad en condiciones de marginalidad puedan pagar sus condenas a través de servicios comunitarios, conforme a lo estipulado en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023), evitando cumplir sus penas en prisión.
En Colombia, 5.942 mujeres cumplen los requisitos para beneficiarse de esta ley. Solo en el centro carcelario El Buen Pastor de Bogotá, hay 1.423 potenciales beneficiarias.
Hasta la fecha, 105 mujeres han sido liberadas bajo esta medida, y se encuentran habilitados 2.549 cupos en todo el país para que más puedan acceder al programa, gracias a la colaboración de 27 aliados, entre ONG, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas, vinculados al Ministerio de Justicia.
Ministerio de Justicia: asesoría y acompañamiento
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó la articulación institucional para implementar esta alternativa penal, señalando que la prioridad es ampliar la cobertura.
“El Ministerio ha acompañado a las mujeres en los centros carcelarios para conocer las expectativas de más de 5.000 privadas de la libertad y establecer quiénes cumplen los requisitos”, afirmó la alta funcionaria.
Además, funcionarios de su cartera están brindando asesoría jurídica a las reclusas, permitiéndoles identificar si son aptas para beneficiarse de la Ley de Utilidad Pública y orientándolas en la ruta a seguir para solicitar este beneficio.
Defensoría del Pueblo: enfoque diferencial y de género
La Defensoría del Pueblo, a través de la resolución 003 de 2024, busca garantizar una interpretación inclusiva y con enfoque de género de la Ley de Utilidad Pública.
“El número de penas concedidas sigue siendo bajo debido al desconocimiento de la ley y a interpretaciones restrictivas de algunos operadores judiciales”, explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El documento ordena a los defensores públicos y a las dependencias de la Defensoría diseñar un plan para ampliar el uso de esta medida alternativa y fortalecer la protección de los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
Asimismo, incluye guías pedagógicas para asistentes sociales, jueces y defensores, con el fin de profundizar en conceptos como marginalidad y condición de cabeza de hogar, claves en la aplicación de esta norma.
Fiscalía General: directrices para implementar la ley
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió lineamientos para que los fiscales promuevan los beneficios de la Ley de Utilidad Pública durante los procesos judiciales.
“Solicitamos a nuestros fiscales que incluyan estos temas en sus programas metodológicos para verificar si una mujer es madre cabeza de familia en condiciones de marginalidad y proceder de oficio”, explicó Camargo.
También exhortó a los fiscales a realizar investigaciones que demuestren las circunstancias de vulnerabilidad de las mujeres procesadas, facilitando la aplicación de esta medida desde la etapa de sentencia condenatoria.
La ministra Buitrago reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar los derechos de las mujeres en reclusión:
“En la cárcel entra la persona, no el delito. Por eso insistimos una y mil veces: sigan adelante, no cesen en ese intento”, puntualizó.
Comentarios recientes