La Ministra fue enfática en señalar que no se trata de una excarcelación masiva, sino medidas de detención provisional domiciliaria transitoria mientras se registra la pandemia del Covid-19. La declaración fue hecha en reunión informal virtual con la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
El anuncio lo hizo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al explicar la medida que se viene estudiando desde hace dos meses, atendiendo las inquietudes que han surgido desde hace varios años por el hacinamiento en los centros carcelarios y que hoy por motivo de las medidas especiales por la pandemia del Coronavirus 19, se ha acelerado y es preciso tomar medidas urgentes pero no precipitadas, advirtió.
La titular de esa cartera explicó igualmente que se adoptarán medidas especiales para los casos de excepción como son las madres cabeza de familia y lactantes, como a quienes padecen enfermedades terminales o catastróficas y los mayores de 60 años, pero también dependiendo del tipo de delito que hayan cometido y que no sean un peligro para la sociedad. Igualmente serán beneficiados quienes hayan purgado hasta el 40% de la pena impuesta.
Se excluirán de la medida los que cometieron delitos sexuales, feminicidios, homicidios y crímenes de lesa humanidad, pero a todos se les proveerá de las medidas necesarias para evitar contagios y en caso contrario, toda la atención necesaria al poner en marcha protocolos de desinfección que en la actualidad se están aplicando como la supresión de visitas temporales entre otros.
Por su parte, el presidente de la Comisión, senador Édgar Palacio Mizrahi, (Colombia Justa Libres) solicitó que el documento sea tramitado con más agilidad para dar respuesta a los presos como a sus familias que esperan una decisión por parte del Ministerio Público ante la emergencia sanitaria.
La titular de la cartera de Justicia explicó que en el contenido del decreto se está analizando de manera especial para no cometer errores y por lo tanto se están tomando en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía General de la Nación como de los legisladores que vienen abogando para que se adelanten medidas de protección a la salud e integridad de los internos como de la guardia carcelaria.
A su vez, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, solicitó tener en cuenta las medidas para garantizar la atención en salud, especialmente el papel que están jugando las EPS para atender cualquier síntoma del Covid-19 u otras dolencias que requieren profesionales y medicamentos como las acciones en caso de casos positivos, interrogantes que fueron contestados por la ministra Cabello como por la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Lissette Cervantes, y el director del INPEC, general Norberto Mujica, quienes reiteraron que tienen dispuestas medidas sanitarias de prevención y los contratos vigentes con las entidades de salud para atender a los reclusos.
En su intervención, el senador Alexander López, Polo Democrático, se refirió al bienestar necesario para el personal de guardias y administrativos del INPEC y para ello invitó a los voceros de tres sindicatos, quienes solicitaron más atención para sus requerimientos en dotaciones para seguridad, elementos de protección para su salud y tiempos de descanso dado que por el hacinamiento no han podido disfrutar con sus familias. Peticiones que serán tomadas en cuenta como respuesta por parte de la institución.
La senadora Griselda Lobo, Farc, mostró su preocupación por la situación de los presos enfermos en la ciudad de Cúcuta donde se había tenido conocimiento también de traslados, inquietud que fue resuelta por el INPEC, al indicarle que se están realizando protocolos de aislamiento para evitar posibles contagios cuando se trata de personas con deterioro de salud y son ubicadas en otras regiones.
Personal insuficiente
Preocupación por las medidas sanitarias que se estén implementando en los centros carcelarios como en los sitios de detención en las URIS y estaciones de Policía, expresó el senador Iván Agudelo, Partido Liberal, quien agregó que el recurso humano con el que cuenta el INPEC es insuficiente para atender hoy la exigente labor de custodia y vigilancia.
“En la Penitenciaría de La Picota hay aproximadamente 9.200 personas privadas de la libertad intramural y 5.000 en prisión domiciliaria, custodiada por 270 efectivos”, dijo el congresista Agudelo, mientras su colega Aulo Polo, del partido Alianza Verde, pidió al INPEC más esfuerzos para evitar un posible contagio y tener listos planes de contingencia para afrontar una probable emergencia.
El senador Roosevelt Rodríguez, Partido de la U, al referirse a una posible solución con traslados a otros sitios no carcelarios señaló a la Ministra de Justicia que se debe cumplir con lugares especiales para proteger a la comunidad, tales como vienes activos incautados como lo propuso la Contraloría General y garantizar la seguridad alimentaria antes de emitir el decreto de excarcelación.
En materia de equipos y capacitación para la población carcelaria, la senadora Aydeé Lizarazo, Partido MIRA, propuso que dentro del decreto que se está construyendo se debe crear un programa para que se capacite al personal para que elabore material como son vestidos y tapabocas que son los que requieren los médicos, haciendo uso del potencial humano y las capacitaciones del SENA y otras instituciones y así hacer descuento en su penas.
“El Estado no nos debe obligar a vivir en la impunidad y tomar medidas reales y pronta para evitar contagios de los internos y a los funcionarios y además no estoy de acuerdo con la excarcelación masiva, porque se pierde la sanción social al delito cometido, antes se debe pensar en trabajo obligatorio que cumplan con el pago de pena”, aseveró la congresista Claudia Castellanos, del partido Cambio Radical.
