El proyecto de ley que busca prohibir el uso, producción, comercialización e importación del Poliestireno Expandido, más conocido en Colombia como Icopor, ya fue radicado en el Congreso.
Este material no biodegradable se ha constituido como un grave agente contaminante de fuentes hídricas, aves y peces, por lo que los senadores Antonio Sanguino, Jorge Londoño, Sandra Ortiz e Iván Name, de la Alianza Verde, buscan que se prohíba y se sustituya gradualmente en un Período de cinco años.
«Un vaso o plato de Icopor que usamos por 10 minutos, dura en el planeta mucho más de lo que vivimos: 500 años tarda en degradarse», mencionó el senador Antonio Sanguino, para demostrar la importancia que tiene la prohibición del Icopor en la protección del ambiente y en la mitigación de la excesiva cantidad de desechos no biodegradable que generamos los seres humanos.
«La imagen de la isla de basura que llegó a Puerto Colombia en mayo de este año fue lamentable y es suficiente razón para que en Colombia regulemos el uso de los plásticos de primer uso y del Icopor. El Distrito de Santa Marta es un referente de la prohibición de estos materiales, así como algunos municipios de Boyacá y Antioquia. Hoy buscamos que esta medida sea nacional«, explicó Sanguino.
Prohibición en el mundo
Agregó que ocho países en el Caribe, 100 ciudades en Estados Unidos y la Unión Europea en pleno han prohibido el uso del Icopor.
Por su parte, el senador Jorge Londoño explicó que la prohibición de este material no será abrupta y habrá algunas excepciones. «En el proyecto se exceptúa de la prohibición del Icopor en medicamentos y productos farmacéuticos, productos de origen animal o crudos, siempre y cuando se justifique científicamente la necesidad», dijo el legislador.
«La segunda industria que produce más gases de efecto invernadero es esta. La huella de carbono que dejamos con el uso del Icopor es muy grande. Con este proyecto, el llamado es a cuidar el ambiente para nuestras futuras generaciones y garantizar un planeta sostenible»,
explicó senadora Sandra Ortiz.
Cabe resaltar que dentro del articulado se propuso un período de 5 años para que empresas o familias que se dedican a su producción, lo sustituyan gradualmente. Así mismo, como medida para mitigar su uso, se estableció que, a partir de sancionada la ley, se prohibiría que entidades e instituciones del Estado, de cualquier orden, utilicen Icopor o contraten con proveedores que implementen este material.
