La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, ha efectuado el cierre de 35 establecimientos comerciales en Bogotá debido al incumplimiento de la obligación de facturar electrónicamente cada transacción, tal como lo exige el Estatuto Tributario.
Las sanciones han recaído principalmente sobre negocios dedicados al comercio al por mayor y al por menor, así como restaurantes de atención a la mesa.
La DIAN asegura que cada cierre es el resultado de un procedimiento minucioso que respeta el debido proceso. Esto incluye varias etapas que inician con visitas de control para verificar la existencia de irregularidades en la facturación.
- Formulación de cargos: Cuando se detectan incumplimientos, se notifica al establecimiento con un pliego de cargos, otorgándole 10 días hábiles para presentar descargos y justificar el incumplimiento. En Bogotá, este año se han emitido 129 pliegos de cargos.
- Resolución de sanción: Si los descargos no son suficientes o se confirman las irregularidades, la DIAN emite una resolución que establece el cierre del negocio por tres días. El comerciante tiene derecho a interponer un recurso de reposición, que se resuelve en un plazo máximo de 10 días hábiles.
- Alternativas al cierre: En cualquier momento, el establecimiento puede optar por pagar una multa equivalente al 10% de sus ingresos brutos del mes anterior a la visita que originó el proceso. Durante 2024, 39 establecimientos en Bogotá han escogido esta opción, generando un recaudo de $533 millones.
Entre julio y noviembre de 2024, en Colombia se emitieron 3.103 millones de facturas electrónicas. Bogotá lidera con el 13,6% de estas transacciones, solo por detrás de los Grandes Contribuyentes, quienes concentran el 52% de las facturas emitidas a nivel nacional.
La DIAN recalca que la facturación electrónica es una herramienta clave en la lucha contra la evasión fiscal y asegura que la exigencia de factura electrónica en cada transacción fomenta una economía más transparente. Asimismo, invita a los ciudadanos a exigir siempre este documento en sus compras y pagos de servicios, contribuyendo así a una cultura tributaria más sólida.
El cumplimiento de esta obligación no solo evita sanciones, sino que también fortalece los ingresos del Estado, fundamentales para financiar programas sociales y de desarrollo en el país.
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