Durante la sesión del Consejo de ministros realizada este martes en la Casa de Nariño, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, presentó ante el presidente Gustavo Petro el balance del programa de erradicación voluntaria de cultivos de coca.
El programa cubre 42.534 hectáreas en proceso de sustitución y ha logrado erradicar 6.386 hectáreas, validadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La meta del gobierno es alcanzar 30.000 hectáreas erradicadas antes del cierre del mandato.
Miranda fue enfática en que los compromisos con los campesinos están garantizados más allá del actual gobierno: “Venga el gobierno que venga tendrá que cumplir con estos compromisos, y esa es la seguridad que nosotros le dejamos al campesinado que ha confiado en el programa de sustitución”.
La directora marcó distancia con el programa PNIS del gobierno Santos: “Se inscribieron 99.000 personas y al siguiente año no había presupuesto. Nosotros ya dejamos contratados al menos para estas 42.000 hectáreas; la inversión ya está contratada y garantizada”.
En Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, con 11.524 hectáreas en sustitución, Miranda destacó el papel del campesinado como motor del proceso: “Los mismos campesinos han ido a hablar con los comandantes del Eln a decirles: nosotros queremos entrar al programa de sustitución y pedimos garantías y no nos pueden evitar entrar”.
El presidente Petro señaló que avanzar en la paz y la sustitución en el Catatumbo es un reto complejo por la presencia de grupos armados, pero destacó su ubicación estratégica hacia el Caribe como oportunidad para exportaciones legales.
También pidió impulsar zonas francas populares, orientadas a fortalecer economías locales y no al contrabando, como parte de la transformación productiva en los territorios.
Para agilizar la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, la directora Gloria Miranda anunció que “por primera vez en Putumayo va a estar la Policía Antinarcóticos y la comunidad erradicando juntos en un pacto social por la paz y la transición hacia una economía legal”.