La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, concluyó una Auditoría Financiera al Fondo Nacional del Ahorro -FNA, sobre la vigencia 2023, donde se determinaron nueve (9) hallazgos de los cuales dos (2) tienen incidencia fiscal por valor de $1.970.224.268, tres (3) tienen alcance disciplinario y un (1) hallazgo da lugar a Indagación Preliminar -IP por valor de $391.477.037.
Durante los últimos diez años, desde 1993 hasta 2023, se evidenció la pérdida de garantías de 464 créditos hipotecarios y 4 créditos educativos, sumando un saldo total a capital de $21.159.985.014.
De los hallazgos identificados, se destaca el fraude en el retiro de cesantías, por canal presencial, por valor de $252.448.573.
Se estableció un hallazgo fiscal por deficiencias en la gestión de cobro de créditos hipotecarios por valor de $1.717.775.695.
La CGR identificó debilidades en la custodia de las garantías que impiden la gestión de cobro judicial en los casos de créditos que presentan mora.
La CGR abre Indagación Preliminar por retiros fraudulentos de cesantías por $391.477.037.
La Contraloría General de la República identificó importantes irregularidades en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) durante la vigencia 2023.
En primer lugar, se detectaron cuatro retiros fraudulentos de cesantías por canal presencial en el punto de atención de Barranquilla, por un total de $252.448.573. Estos retiros se realizaron mediante la suplantación de identidad del consumidor con documentos falsos, lo que evidencia fallos en los procedimientos de verificación y control.
De otra parte, se reportaron 27 casos de retiros fraudulentos de cesantías por canal virtual, realizados mediante la actualización indebida de datos personales, lo que permitió transacciones no autorizadas por un valor de $391.477.037 pesos, frente a este particular la CGR ha solicitado la apertura de una indagación preliminar para establecer los presuntos responsables de estas irregularidades
Adicionalmente, la auditoría reveló deficiencias significativas en la gestión de cobro de créditos hipotecarios, con un hallazgo que asciende a $1.717.775.695 debido a 15 obligaciones prescritas. Estas deficiencias se deben a la falta de ejecución de la acción cambiaria y de la cobranza judicial dentro del plazo legal de tres años. Entre las debilidades encontradas se destaca la ausencia de la totalidad de los títulos valor necesarios para iniciar el cobro judicial y la falta de aplicación de procedimientos establecidos para la cancelación y reposición de títulos valor.
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