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Defensoría del Pueblo estudiará retirar acción que afectaría proceso de Electricaribe

Funcionarios de las Gobernaciones de Bolívar, Córdoba y Atlántico asistieron al encuentro con delegados del órgano de vigilancia del poder público. El secretario Jurídico del Atlántico, Rachid Náder, asistió en representación del gobernador Eduardo Verano.

Una reunión que sostuvieron delegados de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba y Bolívar con asesores del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en Bogotá, para insistirle en que reconsidere su decisión de interponer la acción de inconstitucionalidad contra los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que establecían un proyecto de salvamento para Electricaribe.

El equipo jurídico del defensor del Pueblo se comprometió a revisar el tema. El secretario Jurídico del Atlántico indicó que existe la posibilidad de que la acción se pueda reversar, amparada en un artículo que permitiría tomar una decisión en ese sentido.

“La solicitud se la hicimos de manera respetuosa. El tema no es jurídico, sino de carácter social, no hay juicio de legalidad sobre la actuación del defensor porque lo hizo en el marco de su competencia, le planteamos que es inconveniente para la región porque coloca el proceso de selección de un operador eléctrico en situación sub judice, y nadie va a invertir recursos en un asunto pendiente de ser validado por la Corte Constitucional”, anotó Náder.

Insistió en que cualquier decisión al respecto debe ser tomada en consenso con todos los actores del proceso. “La Defensoría pudo haberse pronunciado dentro del trámite del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo para hacer las objeciones pertinentes, y no esperar a que este fuera aprobado y sancionado para ahora demandarlo ante los organismos judiciales”.

Junto al secretario Jurídico, asistieron el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, la gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Patricia Devia y la secretaria Jurídica de Bolívar, Adriana Trucco, para puntualizar el impacto nocivo que genera la acción de inconstitucionalidad en el proceso de saneamiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

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