La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada divulgó la imposición de sanciones económicas por más de 9.000 millones de pesos a empresas del sector que incumplieron con la obligación de reportar su información financiera correspondiente al año 2023. La medida fue adoptada mediante 240 resoluciones sancionatorias emitidas por la Delegatura para el Control, dirigidas a compañías inscritas en el registro oficial y mercantil.
Larry Álvarez Morales, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, explicó que las sanciones responden a la omisión en el envío de los estados financieros exigidos por la normativa vigente. “Es fundamental que las empresas reporten con transparencia sus estados financieros antes del 30 de abril. El cumplimiento de esta obligación no solo responde a un mandato legal, sino que contribuye a cerrar espacios a posibles riesgos de lavado de activos”, afirmó.
La Supervigilancia reiteró la importancia de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) como herramienta clave para fortalecer la transparencia y la legalidad en el sector. Álvarez Morales recordó que la Superintendencia ha sido pionera en exigir la aplicación de los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), con el fin de prevenir irregularidades y promover buenas prácticas corporativas.
La Superintendencia advirtió que continuará con la expedición de nuevas sanciones en las próximas semanas para las empresas que persistan en el incumplimiento. Con estas acciones, la entidad busca reforzar el control y la rendición de cuentas en el sector de la vigilancia y seguridad privada, garantizando que las operaciones se desarrollen bajo criterios de legalidad y responsabilidad financiera.