El presidente Gustavo Petro impartió directrices a varias entidades del Gobierno nacional para garantizar la continuidad de las políticas, programas y estrategias dirigidas a las poblaciones históricamente excluidas y a los sujetos de especial protección constitucional, ante la inminente salida del ordenamiento jurídico de la norma que creó el Ministerio de la Igualdad.
Mediante la Directiva Presidencial 05, firmada el 4 de junio de 2026, el jefe de Estado ordenó a cuatro ministerios y otras entidades del Estado adelantar las acciones necesarias para redistribuir las funciones actualmente asignadas a la cartera de la Igualdad, con el fin de evitar afectaciones en la atención de comunidades vulnerables.
La decisión del mandatario se produce luego de que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-161 de 2024, declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de la Igualdad, con el argumento de que hubo vicios de procedimiento en su trámite legislativo. Aunque el alto tribunal difirió los efectos de la decisión durante dos legislaturas para permitir una transición ordenada, la norma dejará de producir efectos al finalizar la legislatura 2025-2026.
En la Directiva 05, el presidente recordó que el Gobierno presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley para subsanar las observaciones de la Corte y garantizar la permanencia de la entidad.
No obstante, indicó que “pese a los esfuerzos realizados para su discusión y aprobación en la presente legislatura, el proyecto no ha contado con el impulso y voluntad legislativa necesarios para culminar oportunamente su trámite”.
Frente a este escenario, la Directiva Presidencial establece que el Ministerio de Igualdad, junto con los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Administrativo de la Función Pública, deben elaborar y tramitar los decretos necesarios para ejecutar el proceso de reorganización institucional, incluyendo aspectos relacionados con estructura, planta de personal y distribución de funciones.
Asimismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública brindará acompañamiento técnico en materias relacionadas con empleo público, organización administrativa y gestión institucional, mientras que el Ministerio de Hacienda deberá brindar el acompañamiento requerido para evaluar y garantizar la viabilidad fiscal y presupuestal de las medidas que se adopten.
Apoyo técnico y metas gubernamentales
La Directiva también contempla la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), mediante apoyo técnico, para asegurar la coherencia de las decisiones con los instrumentos de planeación nacional y las metas gubernamentales, así como el acompañamiento jurídico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para prevenir riesgos litigiosos asociados al proceso de reorganización institucional. Asimismo, debe propender por la protección de los derechos laborales de los servidores públicos vinculados al ministerio.
El presidente Petro exhortó a los ministros y directores de las entidades involucradas a adoptar de manera inmediata y prioritaria las medidas necesarias para garantizar “una transición institucional ordenada y efectiva” que preserve las acciones orientadas a la reducción de brechas sociales y la garantía de derechos de las poblaciones excluidas.
Por último, la Directiva establece que los actos administrativos requeridos para implementar estas medidas deberán ser remitidos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, debidamente revisados y suscritos, a más tardar el próximo 17 de junio de 2026.