La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, recalcó sobre los efectos del impuesto al patrimonio establecido en el Decreto 173 de 2026 y pidió su suspensión antes del 4 de mayo, fecha límite para el pago de la segunda cuota por parte de personas jurídicas.
A través de su cuenta en X, Gutiérrez señaló que la medida genera presión sobre la liquidez de las empresas y puede afectar la inversión y el empleo. Indicó que el tributo grava el patrimonio y no las utilidades, lo que, según explicó, obliga a las compañías a recurrir a endeudamiento, recortes en inversión o ajustes en su operación.
La dirigente afirmó que el decreto fue expedido en el marco de una emergencia económica y cuestionó el uso de este mecanismo para adoptar decisiones con impacto económico y social. También sostuvo que el impuesto representa una carga directa sobre la caja de las empresas al gravar el capital productivo sin considerar la capacidad de pago.
Gutiérrez advirtió que, ante dificultades para cumplir con la obligación tributaria, podrían iniciarse acciones contra empresas que no han pagado, incluso en casos en los que han acudido a instancias judiciales. Señaló que esta situación podría generar un riesgo de carácter sistémico.
En su pronunciamiento, también mencionó un contexto de menor confianza y la rebaja en la calificación crediticia del país por parte de Standard & Poor’s.
Sobre las finanzas públicas, indicó que el déficit del Presupuesto General de la Nación alcanzó 6,4% del PIB en 2025 y el déficit primario 3,5% del PIB, con base en estimaciones de Corficolombiana. Añadió que entre 2022 y 2025 el gasto primario aumentó 2,7 puntos del PIB, mientras los ingresos no registraron variación.
Asimismo, señaló que en ese periodo se crearon 40.533 cargos públicos y se suscribieron 6.834 contratos de prestación de servicios para el Gobierno, sin que, según indicó, se reflejara en nueva inversión pública.