
La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía -ACCE a través de un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro realizadas el 30 de enero en Barranquilla, en las que se refirió a las tarifas de energía en el país.
La ACCE aclaró varios puntos clave respecto a la regulación y composición del costo de la energía para los usuarios.
La ACCE subrayó que acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, a la CREG, se le asignó la regulación económica de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y por tanto ha sido por los últimos 30 años, la encargada de definir la fórmula que permite establecer la tarifa de la energía eléctrica en Colombia (CU) que se cobra a los usuarios del servicio. Y todas las empresas cumplen con ello, por tanto, la Asociación afirma que no es cierto que se ha estafado al pueblo en contra de la Ley.
La tarifa de la energía (CU), definida por la CREG mediante la Resolución CREG 119 de 2007, es el resultado de sumar todos los costos en que se incurre, para poder llevar el servicio hasta los usuarios, la ACCE explicó que, cuando se habla de la tarifa, se debe entender que el producto final, es “la luz que le llega al usuario al encender el interruptor”, y para ello se requiere no sólo Generar la energía, sino también Transportarla, Distribuirla, reconocer los sobrecostos en que se incurre en el sistema para garantizar el servicio (Restricciones), el costo de la energía que normalmente se pierde en los sistemas eficientes de producción y transporte (Perdidas de energía), los costos administrativos de las entidades que regulan (CREG), supervisan (SSPD) y operan (XM) el sistema (O), y el costo por los servicios de Comercialización.
La ACCE destacó igualmente que los funcionarios de la CREG son nombrados directa y exclusivamente por el Presidente de la República, quien los elige con base en su amplio conocimiento del mercado, capacidad técnica y experiencia. Adicionalmente, en las reuniones decisorias de la CREG, se requiere un quorum y participan, además de los 6 expertos comisionados, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y el director de Planeación Nacional.