Garantizar que los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom participen en las decisiones que pueden afectar sus territorios, su cultura y sus derechos colectivos, son los ejes centrales de la consulta previa, un derecho fundamental que promueve el diálogo intercultural y la construcción de acuerdos entre el Estado, las comunidades y los diferentes sectores que desarrollan proyectos en el país.
Con este objetivo, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del ministerio del Interior fortaleció, durante los últimos años, los procesos de participación, la articulación institucional y el acompañamiento a las comunidades étnicas, consolidando avances que hoy contribuyen a una gestión más participativa, transparente y orientada a la garantía de derechos.
Uno de los principales logros ha sido el fortalecimiento institucional de la consulta previa mediante la creación del Comité Interdisciplinario de Expertos, un espacio que reúne conocimientos técnicos, jurídicos y sociales para analizar casos complejos y aportar herramientas que permitan mejorar continuamente los procesos de consulta previa en el país.
Los avances también se reflejan en el cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos étnicos. En el caso del pueblo Wayuu, se creó el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP), orientado a fortalecer la coordinación entre entidades del Estado y las autoridades indígenas para avanzar en soluciones frente a las necesidades de la niñez de esta comunidad.
Como parte de este proceso, se desarrolló una estrategia de traducción y divulgación de la Sentencia T- 302 de 2017 y de sus autos de seguimiento en lengua Wayuunaiki, ejercicio que permitió acercar las decisiones judiciales a las comunidades indígenas y propiciar un diálogo informado sobre su implementación. La estrategia vinculó a 1.851 autoridades indígenas y 3.357 estudiantes Wayuu.
De igual forma, mediante un proceso de consulta previa, se construyó el Plan Provisional de Acción en favor de los niños Wayuu, una hoja de ruta elaborada conjuntamente entre las autoridades indígenas y las entidades del Gobierno Nacional para fortalecer la atención de protección de la infancia en este territorio.
Otro de los resultados corresponde a un proceso adelantado en Providencia y Santa Catalina, donde la consulta previa permitió construir, junto con la comunidad raizal, acuerdos que hoy orientan la reconstrucción integral del archipiélago. Gracias al trabajo conjunto, se protocolizaron 359 acuerdos distribuidos en diferentes sectores.
De igual manera, durante el actual Gobierno, la entidad acompañó procesos relacionados con proyectos ambientales, energéticos, de infraestructura, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, ordenamiento territorial y políticas públicas, garantizando la participación de las comunidades étnicas durante las diferentes etapas de los procesos consultivos.
En materia ambiental, la dirección acompañó procesos de consulta previa para la formulación de instrumentos de planificación y conservación en ecosistemas estratégicos del país.
Entre ellos, se destacan la protocolización del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía La Lindosa- Angosturas, el cumplimiento de la consulta previa ordenada para el POMCA del Alto Río Cauca, la culminación del proceso consultivo del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali y las medidas adoptadas para garantizar los derechos del pueblo Nukak en el proyecto REDD + Nukak Baka.