La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006, luego de las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026.
La Supersociedades explicó que la decisión se produjo después de culminar las diferentes etapas del proceso y de verificar que el acuerdo obtuvo el respaldo del 99,569 % de los votos emitidos por los acreedores, porcentaje que supera las mayorías exigidas por la legislación para este tipo de procedimientos.
Monómeros Colombo Venezolanos S.A. desarrolla actividades en el sector industrial y petroquímico, enfocadas en la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios, con participación en la cadena de suministro del sector agrícola en Colombia.
El proceso de reorganización fue iniciado de oficio por la Superintendencia de Sociedades en marzo de 2025, luego de identificar una situación financiera que, según la entidad, hacía necesario implementar un mecanismo para preservar la empresa como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.
Posteriormente, una vez surtidas las etapas previstas en la Ley 1116 de 2006, entre ellas la aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, la compañía y sus acreedores lograron negociar un acuerdo de reorganización que ahora queda formalmente confirmado.
De acuerdo con la Superintendencia, el acuerdo establece un esquema para atender el pasivo reorganizable respetando la prelación legal de los créditos y está respaldado por un plan de negocios y proyecciones de flujo de caja que sustentan la continuidad de la operación de la empresa.
Asimismo, contempla medidas de disciplina financiera, restricciones para la distribución de utilidades y un mecanismo de seguimiento permanente a través de un Comité de Acreedores, encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la ejecución del acuerdo.
La entidad señaló que con esta decisión se busca preservar la empresa como fuente de empleo, garantizar la continuidad de sus operaciones dentro de un sector considerado estratégico para el país y proteger los derechos de los acreedores, conforme a los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo previstos en el régimen de insolvencia.