El Ministerio de Transporte lideró la séptima Mesa Interinstitucional con Transportadores de Carga, un espacio de diálogo y articulación que contó con la participación del Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.
Durante la jornada se socializaron los avances normativos relacionados con el nuevo contrato de vinculación, modificado mediante el Decreto 1017 de 2025, el cual materializa los compromisos adquiridos con las bases transportadoras en septiembre de 2024. Esta actualización fortalece la protección económica de los transportadores al garantizar el pago de tarifas dignas bajo los parámetros del SICE-TAC, prohibir descuentos arbitrarios y promover la transparencia financiera mediante la entrega de extractos detallados por parte de las empresas de transporte de carga.
Asimismo, se explicó a las agremiaciones, organizaciones de transportadores, empresarios y propietarios conductores que el clausulado obligatorio de los contratos debe incluir de manera expresa los derechos, obligaciones y prohibiciones de cada una de las partes; los términos de duración, causales de terminación y preavisos requeridos. De igual forma, se precisó que las condiciones especiales deben contemplar aspectos como las prórrogas automáticas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la especificación detallada de todos los rubros que conforman los pagos y cobros pactados, así como su periodicidad.
Respecto a la vinculación transitoria de vehículos para la movilización de carga, se reiteró que, aunque esta modalidad está permitida, la responsabilidad sobre la operación recae en la empresa que expide el manifiesto de carga.
En materia de protección tarifaria, se recordó que la celebración de contratos, tanto permanentes como transitorios, prohíbe expresamente el pago de valores inferiores a los establecidos por el SICE-TAC. Asimismo, no se permiten cobros o descuentos arbitrarios ni el traslado a los propietarios de los costos operativos inherentes a la actividad empresarial de transporte.
Por su parte, la Superintendencia de Transporte informó que, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha realizado 31 visitas de inspección, vigilancia y control a empresas de transporte de carga con alto número de quejas. Como resultado de estas actuaciones, cinco empresas fueron encontradas fuera del domicilio registrado en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), situación que dio lugar a la cancelación de sus respectivas habilitaciones.
Entre los principales hallazgos identificados se encuentran la falta de implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), inconsistencias en el diligenciamiento de los manifiestos electrónicos de carga, incumplimientos en el pago oportuno y completo de los valores pactados, desconocimiento de las horas de espera durante los procesos de cargue y descargue, aplicación de descuentos no autorizados y omisión de los protocolos de alistamiento de los vehículos. Estas conductas han motivado la apertura de procesos administrativos de investigación.
